Descubriendo los Derechos del Niño en Panamá
La República de Panamá sigue siendo uno de los países con mayores niveles de desigualdad de la región. Debido a la pandemia, la pobreza y la desigualdad han aumentado, sin que haya medidas de protección social a mediano o largo plazo para hacer frente a los efectos duraderos en los niños. Su protección y desarrollo saludable están en riesgo, especialmente para aquellos que experimentan formas múltiples e interseccionales de exclusión como los niños que viven en la pobreza, los niños indígenas y afrodescendientes, los que viven en áreas suburbanas, los niños en migración, los niños con discapacidady los que carecen dl cuidado de sus padres.
Índice de los Derechos del Niño: 8,44 / 10
Nivel amarillo: Situación satisfactoria
Población: 4.446.957
Pob. de 0 à 14 años: 26 %
Esperanza de vida: 79.7 años
Mortalidad en menores de 5 años: 14.3‰
Panamá en un vistazo
Este país centroamericano está situado en la parte más estrecha y baja del istmo de Panamá, que une América del Norte y América del Sur (Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, 2022). Tiene una forma de «S» alargada, con una costa caribeña de unos 800 kilómetros y una costa pacífica de unos 1,060 kilómetros. Panamá limita al norte con el Mar Caribe y al sur con el Océano Pacífico (Anguizola, 2022). Al este está Colombia y al oeste Costa Rica (U.S. Library of Congress, 2022).
Los primeros europeos descubrieron Panamá en 1501 y se convirtió en la primera colonia española en el Pacífico. El primer asentamiento español en Panamá se realizó en 1510 y la ciudad de Panamá se fundó en 1519 (Lambert, 2021). Lo que siguió fue una diezma de la población indígena como consecuencia de las enfermedades europeas, a las que no tenían resistencia, y los que sobrevivieron, fueron esclavizados. Los españoles introdujeron un sistema feudal en el que los indígenas eran obligados a trabajar en haciendas. En 1533 Panamá se convirtió en un lugar de tránsito para el oro en su camino desde Perú a España.
Cuando los españoles llegaron al istmo, éste estaba ocupado por kunas, guaymíes, chocos y otros grupos indígenas americanos. La población pronto incluyó personas de ascendencia mixta española e indígena, denominadas mestizas. Durante la época colonial se trajeron al istmo personas procedentes de África como esclavos, lo que hizo que se desarrollaran otros tipos étnicos mixtos al incorporarse los africanos a la sociedad. Durante el siglo XIX llegaron nuevos grupos, principalmente de Estados Unidos, Francia y China. Durante la construcción del canal llegó un gran número de antillanos, españoles, italianos y griegos.
Sin embargo, las riquezas de la zona atrajeron la atención de los ingleses y en 1671 la ciudad de Panamá fue incendiada (Lambert, 2021). Se reconstruyó en una nueva ubicación a varios kilómetros de distancia en 1673 y en 1746 se cambió la ruta del tesoro, que a partir de entonces se llevó por mar alrededor del Cabo de Hornos.
Panamá se independizó de España el 28 de noviembre de 1821 y formó parte de un superestado llamado Gran Colombia, formado por Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Venezuela. Sin embargo, la Gran Colombia se disolvió pronto, pero Panamá siguió unida a Colombia. De 1899 a 1902 estalló una guerra civil, conocida como la Guerra de los Mil Días. El 3 de noviembre de 1903 Panamá se independizó de Colombia y se declaró como República de Panamá (Lambert, 2021). Los Estados Unidos de América (EE.UU.) estaban interesados en obtener acceso al canal a través de Panamá.
El 18 de noviembre de 1903 los EE.UU. firmaron el Tratado Hay-Bunau-Varilla que establecía los derechos permanentes de los EE.UU. a una Zona del Canal de Panamá que se extendía a través del istmo (History.com Editors, 2021). Estados Unidos acordó con Panamá 10 millones de dólares por el arrendamiento perpetuo de los terrenos para el canal, además de 250.000 dólares anuales en concepto de alquiler (History.com Editors, 2021).
El 7 de septiembre de 1977 se firmaron los Tratados Torrijos-Carter por los que se cedía el control total del canal para el 31 de diciembre de 1999. Las relaciones entre ambos países se volvieron conflictivas tras la muerte de Torrijos en 1981.
En diciembre de 1989, Estados Unidos llevó a cabo una invasión de Panamá para sacar del poder al líder panameño Manuel Noriega. Sin embargo, en 1999 la relación entre ambos países se había pacificado y el canal fue entregado a los panameños. Fue entonces cuando, por primera vez en casi un siglo como nación independiente, Panamá controló la totalidad de su territorio nacional (Anguizola, 2022).
Situación de los derechos de los niños [1]
La República de Panamá ratificó la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (en adelante CDN 1989) el 12 de diciembre de 1990 (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2020) y ha sido incorporada a la legislación nacional.
Panamá también ratificó el Protocolo Facultativo de la CDN relativo a la participación de niños en los conflictos armados el 8 de agosto de 2001 (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2020) y el Protocolo Facultativo de la CDN relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en pornografía el 9 de febrero de 2001. Panamá aceptó el procedimiento de denuncias individuales pero aún no ha firmado y ratificado el Protocolo Facultativo de la CDN relativo al procedimiento de denuncias ante el Comité de los Derechos del Niño, 2011 (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2020).
Desde una perspectiva regional, Panamá ratificó la Convención Interamericana de Derechos Humanos, Pacto de San José (1969) (en adelante Pacto de San José) el 18 de julio de 1978 (Organización de Estados Americanos, 1969). El objetivo del Pacto de San José es establecer una normativa internacional que defina el papel de los Estados en la protección de los derechos humanos, como el derecho a la vida.
Además, el artículo 19 reconoce la importancia de la protección de los niños al afirmar que «todo niño menor tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado». (Organización de Estados Americanos, 1969)
Desde una perspectiva nacional, la Constitución de la República de Panamá de 1972 (enmendada en 2004) contiene una serie de disposiciones de derechos que se aplican específicamente a los derechos de los niños. El artículo 56 establece que el Estado protegerá la salud física, mental y moral de los menores y garantizará sus derechos a la manutención, la salud, la educación y la seguridad social (Comité Internacional de la Cruz Roja, 1972), el artículo 70, prohíbe que los niños trabajen antes de los catorce años, salvo disposición legal en contrario (Comité Internacional de la Cruz Roja, 1972) y el artículo 95 establece la gratuidad obligatoria en todos los niveles preuniversitarios (Comité Internacional de la Cruz Roja, 1972).
Panamá ha adoptado varias leyes y disposiciones destinadas a proteger los derechos de los niños. El país no cuenta con una Ley de la Infancia completa o consolidada, sino que los derechos de los niños se encuentran en un gran número de leyes y decretos ejecutivos. La legislación relevante incluye el Código de Familia de 1994, que contiene disposiciones sobre la igualdad y la equidad de género, la educación de las niñas, la posibilidad de que las adolescentes embarazadas continúen su educación (Disability Rights Education & Defence Fund, 1994) y otros asuntos que mejoran considerablemente las condiciones de vida de los niños y adolescentes (Disability Rights Education & Defence Fund, 1994).
Además, en 1995, Panamá aprobó la Ley No. 27 de violencia intrafamiliar, que tipifica como delito la violencia doméstica y el maltratos a menores y prevé la creación de departamentos especializados para atender a las víctimas de estos delitos (Barrett, 1995). Entre otras medidas, se creó una oficina del Defensor del Pueblo para los niños y una oficina social para los niños. Además, se pusieron en práctica políticas públicas centradas en los niños de la calle y el trabajo infantil (Comité de los Derechos del Niño, 2004).
Atender las necesidades de los niños
Derecho a la educación
La educación preescolar se ofrece a los niños de cuatro a cinco años como parte de su educación básica general y es obligatoria y gratuita (Comité de los Derechos del Niño de la ONU, 2017). A pesar de ser obligatoria y gratuita, se estima que el cuarenta por ciento de los niños de cuatro a cinco años no asiste a la educación preescolar (UNICEF, 2021).
La tasa neta de matriculación en la educación primaria es del noventa por ciento con equilibrio de género, pero el seis por ciento de los alumnos tiene una edad superior a la normal, especialmente entre las poblaciones rurales e indígenas de regiones como Ngäbe-Buglé, con el quince por ciento, Guna Yala, con el once por ciento, Emberá-Wounaan, con el once por ciento, las provincias de Bocas del Toro, con el ocho por ciento y Darién, con el ocho por ciento (UNICEF, 2021). La privación educativa está vinculada a la limitada provisión y calidad de los servicios educativos preescolares pertinentes y culturalmente adaptados y a la falta de formación y apoyo constantes al personal.
En cuanto a la calidad de la educación y los logros de aprendizaje, los resultados de la evaluación del Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA) de 2018 son preocupantes (Consejo Económico y Social de la ONU, 2020). De 79 países, Panamá ocupa el puesto 71 en lectura, 76 en matemáticas y 75 en ciencias. Estos aprendizajes insatisfactorios conducen al ausentismo y a la deserción escolar, afectando la adquisición de conocimientos y la preparación para la futura empleabilidad (Consejo Económico y Social de la ONU, 2020).
Antes de la Covid-19, siete de cada diez adolescentes de entre doce y catorce años estaban matriculados en el primer ciclo de la enseñanza secundaria y cinco de cada diez adolescentes de entre catorce y diecisiete años en el segundo ciclo (UNICEF, 2021). La tasa neta de matriculación en la educación secundaria es del 48% para los niños y del 57% para las niñas. Las escuelas de Panamá han estado cerradas durante más de 21 meses, lo que ha afectado a 800,000 niños desde el nivel preescolar hasta el secundario (UNICEF, 2022).
El sistema educativo mantuvo alguna forma de continuidad a través de la educación a distancia y al final del año escolar en 2021, el 51 por ciento de las escuelas en todo el país estaban abiertas e impartían clases a tiempo parcial. Sin embargo, se estima que el 90 por ciento de los estudiantes no alcanzará el nivel mínimo de rendimiento debido a la falta de educación presencial (UNICEF, 2022).
Los refugiados tienen garantizado el acceso a la educación sin necesidad de transferir los créditos académicos obtenidos previamente (Comité de los Derechos del Niño de la ONU, 2017). Esto se logró a través del Decreto Ejecutivo No. 1225 del 21 de octubre de 2015 que establece medidas para la certificación de diplomas, certificados y créditos obtenidos en instituciones educativas nacionales y extranjeras.
Derecho a la sanidad
En los últimos años, Panamá ha logrado avances significativos hacia algunos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, reduciendo la tasa de mortalidad materna de 65 muertes por cada 100,000 nacidos vivos en 2012 a 35 por cada 100,000 nacidos vivos en 2017 (Consejo Económico y Social de la ONU, 2020). Sin embargo, la tasa de mortalidad infantil no ha disminuido desde 2016, con 14 niños por cada 1,000 nacimientos (UNICEF, 2021). Existen claras disparidades geográficas, siendo las regiones indígenas las más afectadas.
La mayor prevalencia de desnutrición crónica se observó en las comarcas indígenas de Guna Yala con un 61%, Ngäbe Buglé con un 53% y Emberá Wounaán con un 31% (Comité de los Derechos del Niño de la ONU, 2017). El acceso a la atención sanitaria siguió siendo un problema importante para las comunidades indígenas, principalmente debido a la mala infraestructura y a la falta de personal y suministros (Departamento de Estado de los Estados Unidos, 2021).
La tasa de baja talla en las zonas rurales era el doble de la de las zonas urbanas, mientras que entre los niños indígenas era ocho veces mayor. Con respecto a las zonas urbanas y rurales, la tasa de talla inferior a la normal era más alta en la provincia de Bocas del Toro (Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, 2017). De los niños menores de 5 años, el 11.7 por ciento tiene sobrepeso, mientras que el 29.9 por ciento de los niños de entre 5 y 9 años tiene sobrepeso (Consejo Económico y Social de la ONU, 2020). Sólo el 28.1% de los niños menores de 6 meses son alimentados exclusivamente con leche materna.
La pandemia afectó a la nutrición de los niños, el 47 por ciento de los hogares con niños tenían menos alimentos disponibles de lo habitual, y sólo mejoró en un 6 por ciento a finales de 2020 (UNICEF, 2021). En julio de 2021, aproximadamente el 67 por ciento de las familias con niños en el nivel de ingresos más bajo declararon no tener suficientes alimentos. Las tasas de vacunación infantil cayeron del 95 por ciento en 2019 al 70 por ciento en 2021. Las vacunas contra el sarampión, las paperas y la rubéola (SPR) sólo alcanzaron una cobertura del 40% (UNICEF, 2022).
Derecho al agua y saneamiento
El sector del agua en Panamá se enfrenta a varios desafíos con la falta de servicios de agua potable y saneamiento en las áreas no urbanas. Un poco más de la mitad de la población en áreas rurales tiene acceso a estos servicios (Embajada del Reino de los Países Bajos en Panamá, 2018). Más del 90% de la población total tiene acceso a los servicios básicos de agua potable. Sin embargo, hay mucho que ganar en las áreas rurales. Aunque se han producido mejoras, el acceso a servicios básicos de agua potable en las áreas rurales está por debajo del 90 por ciento.
Un ejemplo de las malas condiciones de vida es la provincia de Wargandí (Embajada del Reino de los Países Bajos en Panamá, 2018). En 2010, solo el 15.3 por ciento de los habitantes de esta provincia tenía acceso a agua potable. El mismo patrón es visible para los servicios de saneamiento en Panamá. Los servicios básicos son menos accesibles en las áreas rurales y en comparación con las áreas urbanas, la disparidad es significativa.
A nivel nacional el 91% de los hogares con niños tienen acceso a agua potable, sólo el 39% tiene acceso en los territorios indígenas de Emberá Wounaán, el 57% en Guna Yala y el 63% en Ngäbe Buglé (UNICEF, 2020). La mejora de la cobertura de las redes de alcantarillado y la eliminación de las letrinas y su sustitución por retretes higiénicos, mejorará la calidad de vida de todos los niños de Panamá.
Derecho a la identidad
Según la Constitución de la República de Panamá de 1972 (enmendada en 2004), todas las personas nacidas en el país adquieren la ciudadanía (Comité Internacional de la Cruz Roja, 1972). Sin embargo, los niños nacidos en zonas remotas y regiones indígenas tienen dificultades para obtener sus certificados de nacimiento. Las tasas más altas de sub-inscripción se observan en la comarca indígena Guna Yala, la provincia de Darién, la comarca indígena Emeberá-Wounaan, la comarca indígena Ngäbe-Buglé, la provincia de Bocas del Toro y la provincia de Coclé (Comité de los Derechos del Niño de la ONU, 2017).
Según el Tribunal Electoral, el 91.9 por ciento de los nacimientos en Panamá se producen en un hospital bajo supervisión médica, lo que garantiza que estos nacimientos se registren (Comité de los Derechos del Niño de la ONU, 2017). En cuanto al 8.9 por ciento de los nacimientos que tienen lugar en el hogar en las regiones indígenas y en áreas remotas de difícil acceso, se reconoce que se necesitan medidas especiales para garantizar que estos nacimientos se registren de manera oportuna y rápida. Los menores de doce años o más están obligados por ley a llevar una tarjeta de identidad juvenil.
El Tribunal Electoral, junto con el Ministerio de Educación, expide el carné juvenil en todas las escuelas públicas y privadas del país. Esta tarjeta sirve como documento de identificación oficial para los menores de dieciocho años. En 2013, el Tribunal Electoral firmó un acuerdo con la Caja de la Seguridad Social para expedir gratuitamente las tarjetas de identidad de los jóvenes.
Además, se firmó un convenio entre el Tribunal Electoral y la Oficina de Registro Civil de Colombia con el objetivo de que se registren los nacimientos de los hijos de migrantes colombianos en Panamá, aunque la situación migratoria de sus padres sea irregular (Comité de los Derechos del Niño de la ONU, 2017).
Factores de riesgo → Retos específicos del país
Violencia contra los niños
Las causas de la violencia contra los niños son complejas y variadas. Incluyen causas socioeconómicas, como la pobreza y la exclusión social, y muchos otros factores políticos, culturales y familiares profundamente arraigados (Red Mundial de Religiones en favor de la Infancia, 2017). De 2013 a 2015, el número de casos de abuso de menores registrados en los tribunales penales nacionales en todo el país fue de 755 casos en 2013, 1,442 casos en 2014 y una cifra preliminar de 1,205 casos en 2015 (Comité de los Derechos del Niño de la ONU, 2017).
Las estadísticas muestran que el número de casos de delitos sexuales contra niños y jóvenes ha aumentado cada año. A nivel nacional, hubo 1,488 casos en 2013, 1,645 casos en 2014 y una cifra preliminar de 2,297 casos registrados en 2015 (Comité de los Derechos del Niño de la ONU, 2017).
Entre 2017 y 2018 hubo un aumento del 68% en el número de casos de violencia sexual con 2,385 casos en 2017 y 4,015 casos en 2018 (UNICEF, 2020). En 2021 hubo un aumento de la violencia contra los niños debido a las tensiones familiares adicionales en el contexto de la Covid-19 y a las interrupciones en los limitados servicios preventivos en las escuelas y la comunidad (UNICEF, 2021).
Mientras que en 2020 el 31% de las familias con niños informaron de conflictos familiares debidos al confinamiento, las cifras aumentaron al 50% en 2021 (UNICEF, 2021). Muchas familias describieron un deterioro gradual de la salud mental de los niños debido al confinamiento y al cierre de las escuelas.
La violencia en las escuelas, incluidas las agresiones y el ciberacoso, afecta el acceso y la permanencia en la educación (Consejo Económico y Social de la ONU, 2020). En 2018, el mayor número de casos se dio en las provincias de Panamá con 875 casos, Colón con 240 casos y Chiriquí con 232 casos.
En cuanto al acoso escolar, se estima que los niños se enfrentan a mayores tasas de agresión física, mientras que las niñas sufren más acoso psicológico, ciberacoso y violencia sexual (Consejo Económico y Social de la ONU, 2020). Los niños prosperan y crecen en relaciones de confianza con personas que los quieren y cuidan. Las familias necesitan apoyo para crecer y convertirse en santuarios pacíficos y seguros (Red Mundial de Religiones a favor de la Infancia, 2017).
Trabajo infantil
Panamá ha ratificado todos los convenios internacionales clave relacionados con el trabajo infantil, incluyendo el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo (en adelante OIT) sobre la edad mínima de admisión al empleo de 1976 (Organización Internacional del Trabajo, 1976) el 31 de octubre de 2000 y el Convenio 182 de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil de 1999 (Organización Internacional del Trabajo, 1999) el 31 de octubre de 2000.
La Constitución de Panamá (Comité Internacional de la Cruz Roja, 1972), el Código de Familia (Disability Rights Education & Defence Fund, 1994) y el Código de Trabajo (Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina, 2018) fijan la edad mínima para trabajar en catorce años y en quince años para los niños que no han completado la escuela primaria. Asimismo, la Ley de Educación ordena que los niños menores de quince años no pueden trabajar ni participar en otras actividades que los priven de su derecho a asistir regularmente a la escuela.
La Constitución permite que los niños menores de la edad mínima trabajen en las condiciones establecidas por las leyes (Comité Internacional de la Cruz Roja, 1972). El Código de la Familia y el Código Laboral parecen permitir el trabajo ligero en la agricultura que no perjudique la asistencia a la escuela a partir de los doce años, (Disability Rights Education & Defence Fund, 1994) pero las disposiciones relativas a las horas de trabajo no están bien definidas.
El Código del Trabajo establece que los menores de entre doce y quince años pueden ser empleados en la agricultura si el trabajo se realiza fuera del horario escolar regular (Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina, 2018). Asimismo, el Código de la Familia permite que los niños entre doce y catorce años realicen labores agrícolas siempre y cuando el trabajo no interfiera con la escolaridad (Disability Rights Education & Defence Fund, 1994).
El Decreto Ejecutivo No. 19 de 2006 proporciona una lista exhaustiva de los trabajos peligrosos para los niños, prohibidos tanto por el Código de Trabajo como por el Código Penal. El decreto aclara los tipos de trabajo que se consideran peligrosos para los menores de dieciocho años, entre los que se incluyen el trabajo bajo el agua o en barcos, el trabajo con pesticidas, el trabajo que implique una exposición a condiciones climáticas extremas, el trabajo con equipos pesados o herramientas peligrosas, el trabajo situado en locales donde se vende alcohol, el trabajo en el transporte público y el trabajo con electricidad (El Presidente De La República, 2006).
A pesar de estas leyes nacionales que apoyan la educación primaria universal y la edad mínima para trabajar, muchos niños de familias pobres e indígenas trabajan para complementar los ingresos familiares. Más del catorce por ciento de los niños trabajan o realizan alguna combinación de trabajo y escuela. Muchos de estos niños trabajan en entornos peligrosos, en la agricultura o en trabajos en las calles de las zonas urbanas, donde son vulnerables a la intemperie, la explotación y la delincuencia (Creative Associates International, 2022).
Niños de minorías
Los niños indígenas siguen enfrentándose a flagrantes disparidades en todos los indicadores de desarrollo humano (UNICEF, 2014). La mayoría de los indígenas de Panamá viven en regiones rurales con escaso acceso a la educación y la atención sanitaria. Los niños de estas comunidades son especialmente vulnerables a la pobreza y a la trata de personas, y se ven obligados a trabajar. En 2017, más del cuarenta por ciento de los habitantes de las comarcas indígenas tenían unos ingresos inferiores al umbral de la extrema pobreza (Ott, 2016). Los niños indígenas se ven privados de la estabilidad, la seguridad y el reconocimiento que necesitan para convertirse en miembros sanos, educados y productivos de la sociedad (Ott, 2016).
Uno de los principales problemas de salud de los niños indígenas de Panamá es la malnutrición. La disparidad étnica en los niños desnutridos es del dieciséis al diecinueve por ciento de todos los niños panameños, pero aproximadamente el cincuenta por ciento de los niños indígenas sufren de desnutrición, en gran parte en la región de Ngobe-Buglé (Persson, 2016).
Los niños indígenas son de tres a cinco veces más susceptibles a la desnutrición crónica en comparación con los niños no indígenas. La mortalidad infantil, la desnutrición infantil y la mala salud de los niños están directamente relacionadas con la falta de acceso a los centros de salud. En las regiones rurales indígenas de Panamá, solo el 29.1% de los nacimientos se producen en instituciones de parto (Colombara et al., 2016, 22). Las mujeres indígenas se enfrentan a graves obstáculos para acceder a los servicios sanitarios y a menudo son discriminadas en los centros de salud.
El trabajo infantil forzoso está más extendido en las regiones indígenas debido a las barreras que encuentran los niños indígenas y que los hacen especialmente vulnerables. Por ejemplo, el escaso acceso a la educación, en la que los niños suelen recorrer largas y precarias distancias, deja a los niños indígenas expuestos a ser secuestrados, o los disuade de hacer el viaje en lugar de trabajar (Oficina de Asuntos Laborales Internacionales del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, 2013).
Estos problemas que dificultan la permanencia en la escuela acaban provocando que aproximadamente el 25.5% de los niños indígenas de entre cinco y diecisiete años, se vean obligados a trabajar (Red Mundial de Religiones a favor de la Infancia, 2017).
Retos medioambientales
Panamá se enfrenta a graves problemas medioambientales. Durante gran parte de la historia del país, el dinero tuvo prioridad sobre la conservación, y una ética de «el hombre sobre la naturaleza» impregnó la cultura. Los bosques se talaban sistemáticamente para hacer sitio al ganado. Se agotaron los suelos y se destruyó el hábitat (Anywhere in Panama, 2017). La erosión del suelo y la deforestación son algunos de los problemas medioambientales más importantes de Panamá.
Panamá está bordeada por el Océano Pacífico y el Mar Caribe y por innumerables ríos y arroyos que atraviesan el país. Lamentablemente, algunas aguas están contaminadas y necesitan protección. Principalmente debido a la urbanización, la contaminación y la agricultura de tala y quema amenazan esta cuenca y la calidad de su agua (Anywhere in Panama, 2017).
Al igual que la deforestación, los manglares en Panamá han sido talados para el desarrollo. De hecho, en las últimas décadas el país ha perdido más de la mitad de sus manglares. Los manglares son un componente crucial de los ecosistemas marinos. Proporcionan un hábitat para las especies marinas y terrestres y ayudan a prevenir la erosión costera.
Panamá aprobó en 1998 la Ley de Medio Ambiente que establece los principios y normas básicas para la protección, conservación y recuperación del medio ambiente, promoviendo el uso sostenible de los recursos naturales (Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment, 2022). Adicionalmente, la Constitución de la República de Panamá, que establece la obligación fundamental del Estado de asegurar que la población viva en un ambiente sano y libre de toda contaminación donde el aire, el agua y los alimentos, satisfagan las normas requeridas para el adecuado desarrollo de la vida humana (Comité Internacional de la Cruz Roja, 1972).
Panamá ha declarado recientemente que la naturaleza tiene «derecho a existir» y le otorga el «derecho a existir, persistir y regenerar sus ciclos vitales» (Daunton, 2022). La legislación, que entrará en vigor en 2023, exige que las futuras políticas del gobierno respeten los derechos de los ecosistemas de Panamá, incluidos sus bosques tropicales, ríos y manglares (Daunton, 2022). El parlamento del país también estará obligado legalmente a promover los derechos de la naturaleza a través de sus políticas exteriores.
El texto legislativo define la naturaleza como «una comunidad única, indivisible y autorregulada de seres vivos, elementos y ecosistemas interrelacionados entre sí que sostiene, contiene y reproduce a todos los seres» (Daunton, 2022). Panamá se suma ahora a Bolivia, Nueva Zelanda, Bangladesh, Ecuador, Brasil, Colombia y México, entre otros países, que han emitido decisiones judiciales, promulgado leyes o modificado constituciones que reconocen los derechos legales de la naturaleza (Surma, 2022).
Escrito por Igi Nderi
Corrección interna por Aditi Partha
Traducido por Marta Ancín
Revisado por Gabriela Pacheco Mújica
Última actualización el 8 de julio de 2022
Referencias:
Anguizola, G. (n.d.). Panama | History, Map, Flag, Capital, Population, & Facts. Encyclopaedia Britannica. Retrieved on June 20, 2022, from https://www.britannica.com/place/Panama.
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[1] Este artículo no pretende de ninguna manera dar cuenta completa o representativa de los derechos de los niños en Panamá; de hecho, uno de los muchos desafíos es la escasa información actualizada sobre los niños, gran parte de la cual no es confiable, no es representativa, está desactualizada o simplemente no existe.
