La ley de menores es un área legal compleja y diversa que se encarga de que el sistema legal converja con las necesidades y circunstancias específicas de los menores. Se sitúa en el delicado equilibrio entre proteger los derechos y el bienestar de los jóvenes y hacerles responsables de sus acciones. Entender y respetar la ley de menores, desde la delincuencia y la responsabilidad criminal hasta el bienestar y la protección de los niños, es crucial para construir las bases de una sociedad sana.
Menores y ley
Los aspectos legales que afectan a los menores abarcan una amplia variedad de problemas, con especial relevancia en los ámbitos del derecho familiar y educativo. Al mismo tiempo, la delincuencia juvenil usualmente pone a los menores en contacto directo con los sistemas legales, pero desde una perspectiva diferente.
Leyes familiares
Los principios fundamentales de las leyes familiares se enfocan en la protección, la crianza y los intereses más beneficiosos para todos los involucrados, en especial, los niños (Aguilar, 2024). Dentro de las leyes familiares, temas como las peleas por la custodia, los procesos de adopción y los derechos parentales afectan completamente a las vidas de los menores.
Por ejemplo, en Estados Unidos, el 50 % de los niños experimentan el divorcio de sus padres (Lindner, 2023). Las estadísticas son suficientes para indicar la importancia de las leyes familiares con respecto a la protección del interés superior de los niños.
De igual manera, las leyes de adopción configuran el complejo proceso a través del cual los individuos o las parejas pueden adoptar a un niño de forma legal, para así asegurar tanto el bienestar de los padres biológicos como el de las familias adoptivas, y sobre todo priorizar el de los niños (Aguilar, 2024). Por último, los derechos parentales abarcan un espectro de responsabilidades y privilegios que constituyen la primera línea de acción para proteger el bienestar de los menores, desde su autoridad para tomar decisiones hasta el apoyo financiero.
Leyes de Educación
Las leyes de educación tienen un rol importante en la protección de los derechos de los menores para acceder a una educación de calidad y tratar temas como la discriminación y el acoso escolar. La legislación garantiza oportunidades educativas igualitarias para todos los niños, sin importar su entorno o sus circunstancias (Naciones Unidas; s.f.). Sin embargo, hay que tener en cuenta que, en la práctica, más de 200 millones de niños no pueden ejercer su derecho a la educación por diferentes razones (Unesco, 2023).
Un ejemplo destacable de país en el que el derecho a la educación está en grave peligro es Nigeria, con un gran número de niños privados de su derecho a la educación debido a una serie de dificultades socioeconómicas y de seguridad. Se estima que más de 10 millones de niños que deberían estar inscritos en estudios de educación primaria no van al colegio (National Bureau of Statistics, 2021).
Los factores que contribuyen a esta estadística alarmante incluyen la pobreza generalizada, la cual obliga a los niños a trabajar para ayudar a sus familias en lugar de asistir a la escuela. Adicionalmente, la inseguridad en las regiones como la noreste ha provocado la destrucción de escuelas y el desplazamiento de la población local, lo que afecta de forma severa el acceso a la educación y contribuye a la desigualdad entre la realidad y las regulaciones que se enfocan en el derecho a la educación como un derecho básico al que todos los niños tienen derecho.
Delincuencia
La delincuencia pone a los menores en contacto con el sistema legal, así como plantea el proceso judicial y la representación legal adaptada a los jóvenes. Cuando los menores se ven involucrados en un comportamiento delictivo, se enfrentan a un proceso legal diferente, el cual debería priorizar la rehabilitación antes que el castigo.
Los tribunales de menores buscan tratar con las causas latentes de la delincuencia, así como responsabilizan a los menores por sus acciones, a través de diversas intervenciones. La representación legal de los jóvenes es sumamente importante durante estos procesos, ya que asegura que sus derechos estén protegidos y que sus voces se escuchen. Los abogados que se especializan en las leyes juveniles deben defender sus intereses, guiarlos a través de los procesos legales y esforzarse en obtener resultados que prioricen su bienestar y su futuro (Kraut, s.f.).
La creación de la protección de los derechos de los niños
La Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (CDN) es el tratado internacional más completo sobre los derechos de los niños, ya que define la estructura de los derechos de protección, provisión y participación de los niños en todo el mundo. La CDN, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989, define los derechos fundamentales que deberían ser otorgados a cada niño, sin importar su contexto o sus circunstancias.
La CDN reconoce la dignidad inherente, la igualdad de derecho y los derechos irrenunciables de todos los miembros de cada familia, subrayando su aplicabilidad universal y la importancia de salvaguardar los derechos de los niños (Naciones Unidas, 1989). Sirve como guía para los gobiernos, los políticos y las organizaciones de todo el mundo, ya que se utiliza como programa para las leyes, políticas y prácticas que buscan asegurar el bienestar y los derechos de los niños.
Cuatro principios fundamentales de las leyes para los niños
En la ley de menores, cuatro principios fundamentales configuran el marco para la protección y promoción de los derechos y el bienestar de los niños. El derecho a ser escuchado subraya la importancia de reconocer a los niños como participantes activos de las decisiones que afectan sus vidas. Se estipula en el Artículo 12 de la CDN (Child Rights International Network, 2019).
Hace énfasis en que los niños tienen el derecho de expresar sus puntos de vista libremente y que estos puntos de vista deberían ser considerados dependiendo de su edad y su madurez. El principio reconoce la voluntad y autonomía de los niños, lo que asegura que sus voces sean escuchadas y respetadas en las cuestiones legales que les afectan.
Cuando se adoptó la CDN para proteger los derechos de los niños en general, el principio de no discriminación constituyó uno de los derechos garantizados de los niños en el Artículo 2 de la convención. La no discriminación es un principio fundamental que enfatiza la igualdad de derechos y la protección de todos los niños, sin importar su contexto, su identidad o sus circunstancias. Prohíbe la discriminación basada en factores como la raza, la etnicidad, el género, la discapacidad, la religión, o el estatus socioeconómico y reúne las medidas necesarias para asegurar la igualdad de oportunidades y el acceso a los recursos para todos los niños (Besson, 2005).
El principio del interés superior se enfoca en priorizar el bienestar y los intereses de los niños en todas las acciones y decisiones que los afecten (United Nations, 2013). Hace que los responsables de las decisiones consideren diversos factores, como la seguridad, la salud, las necesidades emocionales y psicológicas, y el contexto cultural de los niños, para así determinar el procedimiento que promueva de forma más efectiva su desarrollo general y bienestar. El principio se recoge en la CDN, específicamente en el Artículo 3, el cual estipula que lo que es mejor para el niño debería ser una prioridad en todas las acciones que les afecten.
El derecho a una vida adecuada, estipulado en el Artículo 27 de la CDN implica el principio de garantizar las condiciones necesarias para el desarrollo y bienestar de los niños, se incluye el acceso a la alimentación, al refugio, a los servicios sanitarios, la educación, y a un entorno seguro y acogedor. Los niños tienen el derecho a tener un estándar de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.
Justicia juvenil
Desde una cierta edad, dependiendo del país, los niños, aunque sean menores, pueden ser considerados legalmente responsables de sus acciones. La edad mínima para la responsabilidad penal varía de los 12 a los 16 años, con la excepción de algunos países como Bután o Brunéi, donde la edad mínima son los 10 y 7 años, respectivamente (Child Rights International Network, 2013).
El objetivo del sistema de justicia juvenil es actuar enfocado a la rehabilitación, antes que al castigo, y reconocer las vulnerabilidades y necesidades de desarrollo propias de los jóvenes infractores. Teóricamente, busca tratar los factores latentes que contribuyen al comportamiento delictivo para apoyar la rehabilitación y la reintegración de los jóvenes infractores a la sociedad. Muchos infractores juveniles pueden ser rehabilitados de forma efectiva a través de intervenciones especializadas, como la terapia, la educación y los programas basados en la comunidad, que tratan con las causas raíz de sus comportamientos y promueven un desarrollo positivo.
Tras el arresto, los menores pueden ser detenidos o liberados en custodia de sus padres o tutores, dependiendo de la severidad de la infracción y de otros factores relevantes. Sin embargo, hay que destacar que las estadísticas muestran que cada año al menos 410 000 niños son detenidos en centros antes del juicio y en cárceles, lo que indica que la detención es utilizada excesivamente como parte de la administración de justicia (UN General Assembly, 2019).
Mejorar la situación en la práctica
Grandes mejoras en el área de la ley de menores requieren un enfoque sistemático y una colaboración bien orquestada de todas las partes relevantes, incluidos el gobierno, los profesionales y las instituciones legales, así como las ONG y los individuos.
Los gobiernos pueden presentar e implementar leyes y políticas completas en materia de protección de los niños. Por ejemplo, en 2021, el gobierno de India modificó el Acto de Justicia Juvenil (Cuidado y Protección de los Niños) para asegurar una mejor protección de los niños en cuidado institucional y también para optimizar el proceso de adopción, lo que proporciona ambientes más seguros para los jóvenes vulnerables (Ministry of Law and Justice, Government of India, 2021).
Los profesionales del derecho, como los abogados, pueden mejorar la situación al ofrecer servicios pro bono, al representar a los niños en procedimientos legales y al abogar por reformas en las políticas, mientras que los tribunales pueden contribuir al adoptar procesos que tengan en consideración a los niños y aseguren que se priorice el interés superior de los niños en las decisiones judiciales. El establecimiento de tribunales especializados en la familia en países como Australia ha mejorado el manejo de los casos que involucran a los niños, ya que se enfocan en los beneficios sociales y en la rehabilitación, antes que en las medidas punitivas (Federal Circuit and Family Court of Australia, 2024).
Las ONG son otra entidad clave para abogar por los derechos de los niños y proporcionar servicios esenciales. Han sido fundamentales en la presión política necesaria para conseguir leyes de protección infantil más sólidas y apoyar programas educacionales en todo el mundo.
Sin embargo, es necesario mencionar que han sido impulsados gracias a individuos que apoyan a estas organizaciones a través de voluntariados, donaciones económicas o actividades para la recaudación de fondos, lo que permite que se expandan sus programas y lleguen a más niños que los necesitan.
Adicionalmente, los líderes de la comunidad y los voluntarios pueden generar un gran impacto si se convierten en mentores de los jóvenes, apoyan las iniciativas locales para conseguir beneficios sociales para los niños y generan conciencia sobre los derechos de los niños. Juntos, estos esfuerzos crean un esquema que asegura el bienestar de los niños en todo el mundo.
Escrito por Zeljka Mazinjanin
Original revisado por Aditi Partha
Traducido por Tania Chávez
Corregido por Desirée Riñé Prados
Actualizado el 19 de junio de 2024
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