Al contrario de lo que se cree, la mayor parte de las sustracciones suceden a manos de los padres. La sustracción parental de menores tiene su origen en un sinfín de factores, principalmente arraigados en el deterioro de las relaciones, en especial de las parejas internacionales. En consecuencia, los niños se convierten en la parte más vulnerable de estas situaciones, enfrentando trastornos abruptos, con escasas probabilidades de regresar a su país de origen y retomar un entorno estable y propicio que conduzca a su bienestar integral.
Formas de sustracción parental internacional de menores
La sustracción parental internacional de menores se manifiesta de dos formas: el traslado ilícito y la retención ilegal. El traslado ilícito sucede cuando se saca a un niño del país de origen sin el consentimiento de los dos padres o una orden judicial, mientras que la retención ilegal ocurre cuando los dos padres se ponen de acuerdo para que el niño abandone el país durante un período breve de tiempo, por ejemplo, durante unas vacaciones, pero el niño no regresa como se había acordado. En la mayoría de las jurisdicciones, solamente se considera delito el traslado ilícito (Reunite International, s.f.).
El traslado ilícito, también conocido como sustracción parental, ocurre cuando a un niño se le saca de manera ilegal de su país de origen o se le mantiene fuera de él, violando los derechos de custodia del otro padre o tutor. Esta acción rompe los acuerdos establecidos sobre la custodia y suele conllevar problemas legales y diplomáticos complicados porque involucra a la ley y a las autoridades de varios países (Departamento de Estado de los Estados Unidos, s.f.).
El Convenio de La Haya y su marco jurídico
Conforme al Convenio de La Haya sobre la Sustracción Internacional de Menores, han de estar presentes elementos específicos para presentar una denuncia por sustracción internacional de menores. Un elemento clave es la edad del niño; el Convenio solo se aplica si el niño es menor de 16 años (Artículo 4 del Convenio de La Haya). Incluso si el niño era menor de 16 años en el momento del traslado ilícito o la retención ilegal, el Convenio deja de aplicarse cuando el niño cumple los 16.
Esto se contrapone a la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), que considera a todas las personas menores de 18 años niños, conllevando conflictos y dificultades legales en los casos de sustracción internacional de menores. Entre otros elementos necesarios, se incluyen que el niño resida de manera habitual en uno de los países del convenio justo antes de la infracción de los derechos de custodia, y el traslado ilícito o la retención ilegal del niño hacia o en otro país del convenio.
Para abordar estas complejidades, los Estudios Nacionales de Incidencia de Menores Desaparecidos, Sustraídos, Fugitivos y Abandonados (NISMART, por sus siglas en inglés) llevan a cabo Encuestas de Aplicación de la Ley como parte de su mandato conforme a la Ley de Asistencia para Niños Desaparecidos de 1984. Este acto requiere que la Oficina de Justicia Juvenil y Prevención de la Delincuencia (OJJDP, por sus siglas en inglés) determine de manera periódica el número de niños denunciados como desaparecidos y aquellos que han sido encontrados cada año (Oficina de Justicia Juvenil y Prevención de la Delincuencia, 2023).
Una encuesta NISMART reveló que la mayoría de los niños sustraídos tenían menos de ocho años, siendo aproximadamente un 25% menores de cuatro años. Los datos indicaron que tanto los padres que sustraen como los abandonados son, en líneas generales, treintañeros. Con respecto al género, la encuesta reveló que el 58% de los niños sustraídos eran varones, y el 42% niñas. También demostró que los sustractores varones predominaban (72%) frente a las mujeres sustractoras (28%); las exparejas constituyen la mayor proporción de sustractores varones (Chiancone, s.f.).
Los desafíos de los casos de sustracción parental de menores
La sustracción parental de menores se ha convertido en una preocupación global. Sin embargo, a pesar de su prevalencia global, sorprendentemente, las personas siguen siendo poco conscientes del problema. Las investigaciones comisionadas por el Gobierno del Reino Unido indican que la mitad de la población de dicho país tiene la creencia errónea de que el Gobierno puede intervenir y ordenar el regreso de un niño sustraído al Reino Unido si se lo ha llevado uno de los progenitores (Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones, 2012).
En realidad, el proceso es mucho más complejo. Si bien es cierto que la asistencia está disponible, resolver los casos de sustracción parental de menores puede ser un proceso largo, que a menudo dura años. Esta duración prolongada tiene un impacto muy importante en las partes involucradas, existiendo una posibilidad real de que el niño no vuelva a reencontrarse con el progenitor con custodia (Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones, 2012).
Tan solo en los Estados Unidos, hay más de 200,000 casos de sustracción parental cada año que cumplen con los criterios para el enjuiciamiento penal. Algunos sustractores se ven motivados por el miedo de perder la custodia o el deseo de ganarse la custodia del niño. Ya que esas situaciones son frecuentes y suelen ocurrir en las familias que atraviesan conflictos, puede que las autoridades ignoren las quejas, atribuyéndolas a disputas familiares, exageración percibida, o sospechas de manipulación por motivos de custodia (Stoever, 2017).
En los Estados Unidos concretamente, tanto los tribunales estatales como los federales tienen la jurisdicción sobre los casos de regreso del Convenio de La Haya. Por lo tanto, una de las decisiones estratégicas iniciales para el asesoramiento legal es determinar si se presenta la demanda en un tribunal estatal o federal. No obstante los casos de visita, en los que el progenitor abandonado sólo busca los derechos de visita del niño en lugar de los derechos de custodia, deben presentarse en un tribunal estatal.
Asimismo, en los 55 países de África, solo 11 han ratificado el Convenio de La Haya de 1980. A excepción de Sudáfrica, que tiene un cuerpo significativo de jurisprudencia debido a numerosos casos, la literatura y la jurisprudencia del Convenio es escasa en todo el continente, y la información sobre su aplicación práctica es mínima. Se necesitan medidas para mejorar la participación entre los otros países de la Convención de África y para alentar a los 44 países que aún no son parte del Convenio a ratificarlo (Sloth-Nielsen, 2023).
Las estrategias globales para proteger a los niños
El Convenio de La Haya sobre la Sustracción Internacional de Menores de 1980, ratificado por 103 Estados parte, proporciona un marco jurídico para devolver a los menores que han sido sustraídos por uno de sus progenitores. No obstante, la eficacia del tratado es tema de discusión. No todas las naciones se han adherido al Convenio de La Haya, y algunas probablemente no lo harán debido a distintas interpretaciones sobre los casos de secuestro, así como de las normas culturales sobre los derechos de los niños y los padres. Lamentablemente, los posibles conflictos con los sistemas legales de algunos países plantean dificultades sobre la adopción del tratado (Hunter, s.f.).
Varias naciones implementan múltiples estrategias para identificar a los niños sustraídos, prevenir las consecuencias adversas en los pequeños y detener a los culpables. Por ejemplo, los Estados Unidos han implementado medidas estrictas como el sistema de Alerta AMBER y el Programa de Alerta de Tramitación de Pasaporte de Menores (CPIAP, por sus siglas en inglés). Estas iniciativas ayudan a difundir rápidamente la información sobre los niños desaparecidos y asegurar el consentimiento de los padres para la expedición del pasaporte respectivamente.
Las Alertas AMBER se activan en casos graves de sustracción parental, organizando a las comunidades inmediatamente para la recuperación segura de los niños desaparecidos. Difundido a través de varios dispositivos con capacidad de datos, este sistema se implementa en los Estados Unidos y 27 países más. Aunque cada país adapta el sistema a sus necesidades específicas, el objetivo principal sigue siendo el mismo: aprovechar la vigilancia pública para ayudar a las autoridades a rescatar a los niños en peligro (Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, s.f.).
Además, el Programa de Alerta de Tramitación de Pasaporte de Menores (CPIAP, por sus siglas en inglés) en los EE.UU. notifica inmediatamente a los padres cuando se recibe una solicitud de pasaporte para un niño inscrito, confirmando el consentimiento de los padres para la expedición del pasaporte. La CPIAP también alerta a los padres respecto a cualquier solicitud de pasaporte previa o pendiente para el niño. Durante el curso del año 2023, la CPIAP registró una afluencia de unas 3,700 inscripciones nuevas, lo que contribuyó a un total de más de 66,000 niños ahora protegidos por el programa (Department of State Travel, 2024).
El impacto emocional en los niños
Sumando a la gravedad de la situación, se suele desarraigar de su entorno familiar bruscamente a los niños víctimas de secuestro parental internacional y se separan de su comunidad, familia y amigos. Este aislamiento puede resultar en una ausencia prolongada en la educación, que dura meses e incluso años, durante una etapa crítica en la que los niños deberían estar desarrollando habilidades sociales, emocionales y conductuales. Es posible que se traslade al niño a varias ubicaciones desconocidas para evitar la detección o prevenir el reencuentro con el otro progenitor (Departamento de Justicia de los Estados Unidos, 2023).
Además, la relación tensa y desmoronada entre los padres puede tener un impacto emocional profundo en el niño. Los niños secuestrados son muy susceptibles a desarrollar problemas psicológicos a largo plazo, como la ansiedad, cambios de humor, trastornos del sueño y conductas agresivas. Estas dificultades podrían persistir en la adultez, manifestándose en problemas de identidad, relaciones y dinámicas familiares (Departamento de Justicia de los Estados Unidos, 2023).
Debido a los cambios globales en las dinámicas familiares y los conflictos cada vez mayores en las parejas, el problema ha empeorado. Las disputas que surgen a raíz de la separación de los padres, en conjunto con la manipulación de los niños, conllevan más casos de sustracción, provocando un daño permanente en los menores.
Los niños afectados por la sustracción parental suelen verse atrapados en las disputas de sus padres. Por lo tanto, priorizar los principios como el interés superior del niño, como se destaca en la Convención sobre los Derechos del Niño, ahora es más necesario que nunca (Martin Gonzales, 2015).
La clave para prevenir la sustracción parental internacional
Para aumentar las probabilidades de prevenir la sustracción, es crucial adoptar medidas proactivas. En primer lugar, los padres nunca deben suponer que su hijo es inmune a la sustracción, y deberían siempre mantenerse alerta y estar preparados para posibles riesgos. Establecer canales de comunicación sólidos con el niño es fundamental. Proporcionar información esencial al niño como su nombre completo, su dirección, y su número de teléfono, además de enseñarles a utilizar el teléfono, puede brindarles la posibilidad de pedir ayuda cuando lo necesiten (City of Independence, Missouri, s.f.).
Los padres también deben formalizar los acuerdos de custodia a través de las órdenes de consentimiento, paso esencial para asegurar la claridad y la responsabilidad. No obstante, es imprescindible que los padres estén alerta, incluso en actividades aparentemente rutinarias, como permitir los viajes al extranjero con el otro progenitor.
Lamentablemente, algunos explotan esta confianza, llevándose a los niños a países no signatarios sin intención de regresar, a menudo con pocas repercusiones legales. Resulta inquietante que casi la mitad de los casos de sustracción en Australia surjan a partir de esta situación (Australian Family Lawyers, s.f.).
Además, la aprobación de un protocolo de Resolución Alternativa de Conflictos (ADR, por sus siglas en inglés) en el marco del Convenio de La Haya podría desempeñar un papel vital en la prevención y la gestión de los casos de sustracción. La ADR, que incluye métodos como la mediación y la arbitración, ofrece un enfoque menos adversario en comparación con la litigación tradicional. Por lo tanto, un protocolo ADR bien elaborado ofrece la posibilidad de minimizar los efectos negativos de las disputas contenciosas y prolongadas por las custodias de los hijos (Pawlowski, 2007).
Escrito por Lidija Misic
Corregido de manera interna por Adithi Partha
Traducido por J.R.
Revisado por Gabriela Pacheco
Editado por última vez el 19 de agosto de 2024
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