Con 1,3 a 1,5 millones de niños detenidos anualmente, los fallos de los sistemas de justicia de menores son desgraciadamente evidentes. Los Estados deben aplicar rigurosamente los principios de la justicia de menores para proteger a los niños de las violentas y perjudiciales condiciones de la custodia que afectan a su bienestar físico y mental. Dar prioridad al interés superior del niño implica recopilar datos fiables sobre sus necesidades y aplicar enfoques restaurativos.
Definición de justicia de menores
Se consideran menores las personas «que no han madurado o no se han desarrollado plenamente y, como mínimo, incluyen a niños de hasta 18 años, pero a veces hasta los 21» (UNICEF, 2010). Estos niños pueden toparse con la ley y el sistema de justicia como víctimas y testigos, o como niños acusados o condenados por delitos (ACNUDH y los niños, 2019).
Por consiguiente, sus casos se procesan a través de un sistema de justicia de menores. El proceso de justicia de menores se basa en la premisa «que los jóvenes son fundamentalmente diferentes de los adultos, tanto en términos de nivel de responsabilidad como de potencial de rehabilitación». (Youth Gov, s.f.).
Por lo tanto, los procedimientos especializados para menores abarcan desde tribunales especializados que se centran en las necesidades y la rehabilitación de los delincuentes menores, procedimientos específicos para cada edad, servicios sociales destinados al apoyo y a la rehabilitación, servicio comunitario para evitar una mayor implicación en el sistema judicial y, medidas para mantener la confidencialidad de los expedientes con el fin de proteger el futuro de los menores. El sistema de justicia de menores intenta evitar su encarcelamiento siempre que sea posible y promover su reintegración en la sociedad como miembros constructivos (Youth Gov, s.f.).
Principios de la justicia de menores
A los niños «se les garantiza protección y derechos humanos fundamentales a través de varios instrumentos internacionales y regionales relacionados con la justicia de menores» (UNICEF, 2021). Los niños pueden toparse con la ley como testigos o víctimas, o en conflicto con la ley cuando se les acusa de haber cometido un delito o se les reconoce su culpabilidad. Los derechos de estos niños están garantizados, entre otras cosas, por la Convención sobre los Derechos del Niño.
Los principios fundamentales descritos por el Comité de los Derechos del Niño para orientar la justicia de menores incluyen:
- No discriminación: Los Estados Parte deben adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que todos los niños en conflicto con la ley reciban el mismo trato;
- Mejores intereses del niño: En las decisiones adoptadas en el marco de la administración de la justicia de menores, el interés superior del niño debe ser la consideración primordial;
- Prevención de la delincuencia: Los Estados Parte deben desarrollar políticas y programas nacionales eficaces para la prevención de la delincuencia de menores;
- Derecho a ser escuchado: Los niños tienen derecho a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que les conciernen, en todas las fases del proceso de justicia de menores;
- Dignidad y valor: Los niños tienen el derecho inherente a la dignidad y al valor, que debe ser respetado y protegido a lo largo de todo el proceso de trato con el niño; (Comité de los Derechos del Niño de la ONU, 2007).
Como norma general, una política debe abordar estos elementos básicos: «la prevención de la delincuencia juvenil; las intervenciones sin recurrir a procedimientos judiciales; la edad mínima de responsabilidad penal y los límites superiores de edad para la justicia de menores; las garantías de un juicio justo» (Comité de los Derechos del Niño de la ONU, 2007).
Procedimientos de la justicia de menores
Los procedimientos de tramitación de los casos de justicia de menores están diseñados para respetar sus derechos y necesidades específicas, por lo que se establecen los siguientes procedimientos para los menores:
- Privacidad: El derecho del menor a la intimidad debe respetarse en todas las fases del proceso judicial.
- Notificación: Cuando se detiene a un menor, debe notificarse inmediatamente a sus padres o tutores.
- Evitar los juicios formales: Cuando proceda, las autoridades deberán tramitar los casos sin recurrir a procedimientos judiciales formales.
- Formación especializada: Las fuerzas del orden y otras personas que se ocupen de casos de menores deben recibir una formación adecuada para tratar adecuadamente a los menores delincuentes.
- La detención como último recurso: La prisión preventiva sólo debe utilizarse como último recurso.
- Medidas alternativas: Se deben de considerar una serie de medidas para minimizar el uso de la institucionalización.
- Atención en instituciones: Si la institucionalización es necesaria, los menores deben recibir atención que incluya educación y formación profesional para ayudarles a llevar una vida constructiva y productiva después de la detención (Asamblea General de la ONU, Reglas de Beijing, 1985).
Por ejemplo, en Canadá, las medidas alternativas para los menores pueden ser: pedir disculpas a través de un escrito, o personalmente a la víctima, realizar servicios comunitarios para un organismo sin ánimo de lucro o participar en programas educativos en relación con el daño cometido (Juristat, 1999).
Deficiencias del sistema de justicia de menores y datos insuficientes
A pesar de las directrices internacionales y las políticas nacionales en relación con la justicia de menores, se observan muchas deficiencias en los derechos de los niños que deben destacarse en esta sección. En primer lugar, el fracaso más preocupante es que los niños en contacto o en conflicto con la ley a menudo desconocen sus derechos y/o no están en condiciones de reclamarlos (ACNUDH y los niños, 2019).Además, la violencia infligida a los niños sigue siendo generalizada en todas las etapas de privación de libertad en el sistema judicial.
Lo mismo ocurre con los niños migrantes, de los cuales unos 330.000 son detenidos cada año por motivos relacionados con la migración. Los niños detenidos como consecuencia de conflictos armados también permanecen en un ciclo perpetuo de violencia (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2019).
Una preocupación añadida es que los niños detenidos también son ubicados en centros de detención caracterizados por el hacinamiento y niveles significativos de abuso, negligencia y violencia, junto con la falta de condiciones higiénicas, aire y luz solar, privacidad, atención médica adecuada, oportunidades recreativas y educativas, e instalaciones sensibles al género (Asamblea General de la ONU, 2019). Muchos niños son víctimas de chantaje, acoso, violencia sexual y violación mientras están detenidos, como fue el caso de las numerosas niñas detenidas en las cárceles de menores de Los Ángeles (The Guardian, 2023).
La recopilación de datos objetivos permitiría realizar un seguimiento, identificar a los niños de un país determinado que se ven afectados, y responsabilizar al poder judicial y al Estado de los daños causados y de su impacto en el bienestar de los niños. Desafortunadamente, el impacto devastador que la detención y el encarcelamiento tiene en el desarrollo físico, emocional y mental de los niños, y el número real de niños en contacto/conflicto con la ley, sigue siendo desconocido o incompleto en los sistemas de datos administrativos.
En ausencia de tales datos, es imposible comprender en qué medida los niños están expuestos a los diferentes regímenes de detención, ni es posible supervisar y evaluar eficazmente el impacto de las políticas y programas correspondientes al bienestar de los niños (UNICEF, 2021).
Un cambio necesario hacia la justicia restaurativa
Un enfoque restaurativo es el más adecuado para los niños en contacto o en conflicto con la ley. La justicia restaurativa se refiere a un enfoque «que aborda el daño o el riesgo de daño mediante la participación de todos los afectados para llegar a un entendimiento común y un acuerdo sobre cómo se puede reparar el daño o el delito, y hacerse justicia» (Foro Europeo para la Justicia Restaurativa, 2024).
Los niños deberían aprender de este proceso sin verse sometidos a la severidad de una prisión de adultos, alterando sus decisiones y su trayectoria vital en el futuro, y sin estar expuestos al sistema de justicia de menores o al sistema de justicia penal (Youth Gov, s.f.; Terre des hommes, 2020).
Cada año, al menos 410.000 niños son recluidos en centros de detención preventiva y prisiones. Esto indica que la detención como parte de la administración de justicia se utiliza en exceso (Asamblea General de la ONU, 2019). Además, existen pruebas abrumadoras que demuestran que el encarcelamiento es una estrategia ineficaz para apartar a los menores de la delincuencia y que las elevadas tasas de encarcelamiento de menores no mejoran la seguridad pública (The Sentencing Project, 2023).
De hecho, la justicia restaurativa puede evitar que los menores cometan delitos en el futuro. A modo de ejemplo, de 600 mediaciones celebradas a nivel municipal en las que participaron menores, solo 20 tuvieron incidencias de reincidencia (SAGE Journals, 2019).
Un largo camino hacia la recuperación de los niños
Proteger el mejor interés para el niño implica que los objetivos tradicionales de la justicia penal, como la represión/retribución, deben dar paso a los objetivos de rehabilitación y justicia restaurativa en el tratamiento de los niños en contacto/conflicto con la ley (UNICEF, 2021). Se necesita un sistema integrado de atención para abordar la salud mental y las necesidades relacionadas de los menores en contacto/conflicto con la ley, a través de servicios y apoyo comunitarios integrales (Resource Center Partnership, 2013).
Los abogados defensores de menores y las organizaciones internacionales de derechos del niño son un escudo esencial contra la injusticia y actúan como un contrapeso crucial en un sistema que puede conducir a resultados perjudiciales para los niños y, por lo tanto, deben fortalecerse para que los niños en el sistema de justicia de menores reciban el apoyo y la supervisión necesarios (Resource Center Partnership, 2013). A modo de ejemplo, el sistema de menores de Bélgica ha sido reconocido como uno de los mejores del mundo y destaca por la prestación de abogados de menores gratuitos (The Bulletin, 2016).
De hecho, los Estados Parte deben promover y lograr la plena participación de los niños y los padres, los líderes comunitarios y otros actores clave, como las ONG, los servicios de libertad condicional y los trabajadores sociales, en la elaboración y aplicación de programas de prevención (Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, 2007).
Con este fin, los Estados deben, ante todo, identificar las causas fundamentales de la privación de libertad de los niños y deben invertir recursos significativos en abordar las desigualdades y proporcionar apoyo a las familias para empoderarlas a fin de fomentar el desarrollo físico, mental, moral y social de sus hijos, incluidos los niños con discapacidad (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2019).
Escrito por Moïra Phuöng Van de Poël
Revisión interna por Aditi Partha
Traducido por Adrian Ordinana Salvador
Revisión por Mireia López
Actualizado el 13 de mayo del 2024
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