Todos los años, miles de niños entran en contacto con el sistema de justicia. Las razones pueden ser diferentes: pueden estar involucrados en procedimientos de justicia penal por conflictos con la ley, por haber sido testigos o víctimas de un delito, o por una combinación de ambos. Estos niños suelen sufrir violaciones a sus derechos humanos, especialmente en relación con la educación y el acceso a la atención médica, cuando están detenidos o encarcelados. Por lo tanto, es esencial adoptar un enfoque adecuado para niños en el sistema de justicia para garantizar que se tengan en consideración las perspectivas y el interés superior del niño.
¿Cuántos niños están involucrados en el sistema de justicia alrededor del mundo?
En 2020, se detuvieron aproximadamente 261,200 niños a nivel mundial en un día cualquiera. Según los datos disponibles, América del Norte tiene la tasa regional más alta de niños detenidos: 137 de cada 100,000 niños. América Latina y el Caribe también tienen el mayor número de niños detenidos, así como la segunda mayor tasa de niños en detención: 77 de cada 100,000 niños.
África Occidental y Central tienen la tasa más baja de niños detenidos: 8 de cada 100,000 niños (UNICEF, 2021). Además, esas cifras excluyen aproximadamente a 1 millón de niños bajo custodia policial y un número aún mayor de ellos que están privados de su libertad de facto en instituciones (UN Global Study, 2019).
Hay varias circunstancias en las que los niños son privados de libertad. En concreto, los Estados suelen confiar en políticas represivas y punitivas que conllevan una criminalización excesiva. Se tipifican como delitos de estatus conductas típicas de la infancia, tales como el absentismo escolar, escaparse de casa, la desobediencia, el consumo de alcohol siendo menor de edad, la actividad sexual consensuada entre adolescentes, los comportamientos “disruptivos” y las prácticas contra las tradiciones y la moral (UN Global Study, 2019). A menudo, estos niños son sometidos a una detención administrativa que no es resultado de una decisión judicial o de la corte (UNICEF, 2021).
Las condiciones de detención y encarcelación
Se pone en detención a los niños en conflicto con la ley mediante la detención policial, la prisión preventiva o la pena de prisión. La detención policial es un proceso de detención administrativa que utilizan los cuerpos policiales con los niños sospechosos de haber cometido un delito antes de, finalmente, acusarlos del mismo. La prisión preventiva, que también se conoce como detención o prisión provisional, es el proceso de poner en detención a un niño que ha sido arrestado y acusado de un delito, pero no ha sido condenado de acuerdo con un procedimiento judicial.
Por lo tanto, también puede referirse al confinamiento del niño durante el juicio antes de que se emita el fallo o la sentencia. La pena de prisión hace referencia a la detención de un niño que ha sido condenado por un delito y que ha recibido la decisión de la sentencia por parte de un proceso judicial oficial como un juicio o un procedimiento judicial (UNICEF, 2021).
El artículo 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) afirma que solo se podrá detener o encarcelar a los niños como medida de último recurso y durante el menor período de tiempo posible. Bajo ningún concepto se puede tratar a los niños de una manera cruel y dañina. El artículo especifica que los niños en centros de detención y encarcelación tienen que estar separados de los adultos a menos que esto no sea en el interés superior del niño. Esto también garantiza a los niños el derecho al acceso inmediato a la asistencia jurídica y a cuestionar la legalidad de la detención y encarcelación ante una autoridad imparcial (UNICEF, 2021).
No obstante, perduran la legislación y la práctica que permiten la cadena perpetua sin posibilidad de excarcelación y la pena corporal o de muerte. La cadena perpetua para niños sigue siendo legal en 68 Estados, en particular en África, Asia, el Caribe y Oceanía. En los 110 Estados y territorios que no tienen cadena perpetua para niños, la pena máxima oscila entre los 3 y los 50 años.
En algunos casos, los niños han sido condenados a penas de prisión de hasta 25 años. Estas penas de prisión tan largas violan el requerimiento legal del “período de tiempo apropiado más corto” bajo el artículo 37 de la CDN (UN Global Study, 2019).
Además, según el Estudio Global de las Naciones Unidas sobre los Niños Privados de Libertad en 2019, los niños de todo el mundo siguen viéndose privados de su libertad en los centros de detención. Se les niega el cuidado familiar y el acceso a la justicia, siendo así incapaces de cuestionar la legalidad de su detención.
Estos niños se ven expuestos a más violaciones de los derechos humanos, aguantando condiciones degradantes, crueles e inhumanas. Además, a menudo se les niega el derecho a la educación y a la asistencia médica y no se benefician de un apoyo adaptado y a largo plazo para la rehabilitación y la reintegración (UNICEF, 2021).
El impacto de la detención en el desarrollo del niño
La detención y el encarcelamiento tienen repercusiones devastadoras en el desarrollo físico, emocional y mental de un niño, así como en sus oportunidades educativas.
Impacto en la salud
Las investigaciones indican que la salud mental y las necesidades psicosociales de los menores se ven afectadas de manera negativa por la privación de libertad. Los adolescentes detenidos enfrentan tasas de morbilidad y mortalidad desproporcionadamente más altas en comparación con la población general. También se ha demostrado que la detención de los jóvenes infractores ha conllevado constantemente consecuencias negativas en la salud mental y en la conducta de los mismos, entre ellas la reincidencia en los comportamientos delictivos y el contacto continuo con el sistema de justicia (UNICEF, 2021).
Muchos niños privados de su libertad experimentan trastornos de estrés postraumático, en especial los que están en régimen de aislamiento. El maltrato y la negligencia durante la detención suelen producir o agravar los problemas de salud mental y cognitiva, tales como la ansiedad, la depresión, los retrasos en el desarrollo y hasta la regresión en el lenguaje.
En algunos casos, los trastornos psiquiátricos en los niños se pueden multiplicar por diez durante la detención en comparación con su salud mental antes de ser detenidos. Existe una correlación entre la privación de libertad y las tasas más altas de muerte prematura en los niños en esa situación en comparación con sus compañeros de comunidad, por lo general debido a la sobredosis de drogas, el suicidio, las lesiones y la violencia (UN Global Study, 2019).
Repercusiones en la educación
La educación suele verse interrumpida para los niños detenidos, en concreto para los que viven en países de bajos o medianos ingresos, lo que refuerza los efectos adversos sufridos por la detención. También existen pruebas de que los niños detenidos se ven más expuestos a las pandillas y a la violencia, exacerbando los factores de riesgo que contribuyen al deterioro del funcionamiento social y de la salud durante toda la vida. Además, las experiencias de detenciones y arrestos ilegales han demostrado tener repercusiones negativas graves adicionales en el bienestar físico, emocional y social (UNICEF, 2021).
Los diferentes roles en el sistema de justicia
Un sistema de justicia penal justo, eficaz y eficiente respeta los derechos de las víctimas y de los testigos del delito, así como los derechos de los sospechosos y de los infractores (ONUDD, 2015). Los niños deberían ser tratados de manera apropiada según su edad y sus necesidades.
Las prácticas y procedimientos deberían ajustarse para adaptarse a ellos, desde la información sobre sus derechos, hasta cómo se les interroga y cómo participan en el juicio. Esto también incluye el apoyo de los familiares durante todo el proceso, asegurándose de que se protege la privacidad de los niños (FRA, 2022).
Las víctimas y los testigos
El sistema de justicia se centra en la necesidad de prevenir la victimización y de ayudar y proteger a las víctimas y a los testigos. Los trata con dignidad y compasión y sin discriminación y permite su participación en el sistema de justicia.
Esto es especialmente crucial para las personas vulnerables, como los niños, ya sea por sus características personales o bien por las circunstancias del delito. Por lo tanto, se deberían garantizar los derechos de las víctimas y los testigos que son niños y ellos deberían recibir medidas adaptadas a sus necesidades y situaciones especiales, siempre tomando en consideración el interés superior (ONUDD, 2015).
En la práctica real, las víctimas y los testigos que son niños suelen considerarse la “parte olvidada” en los sistemas de justicia penal y a veces hasta el mismo sistema los re-victimiza. Por lo general, no se les permite participar plenamente en el proceso de justicia ni en las decisiones que les afectan, y no siempre reciben la ayuda, el apoyo y la protección a los que tienen derecho. La reparación del daño que han sufrido los niños como resultado de la victimización no suele estar disponible (ONUDD, 2015).
Los niños acusados o sospechosos de haber cometido un delito y los autores
Todos los niños tienen derecho a recibir protección, aunque hayan sido acusados o sean sospechosos de haber cometido un delito. Los principios básicos de justicia se aplican tanto a los adultos como a los niños. No obstante, la realidad es muy distinta. Con demasiada frecuencia, los niños que son sospechosos o que están acusados en procedimientos penales se enfrentan a determinados obstáculos. Se les trata mal, carecen de acceso a información clara y solo reciben apoyo legal limitado. Se les trata y percibe como jóvenes adultos, no como niños (FRA, 2022).
Además, la privación de libertad tendría que usarse exclusivamente como último recurso, y otras medidas deberían tener prioridad. Esto incluye restricciones en el movimiento y la residencia; restricciones en los contactos personales; obligaciones de presentación de información; la participación en programas educativos o, con el consentimiento del niño, la participación en programas terapéuticos y de adicción. La decisión para imponer la detención debe estar razonada y tomada sin dilaciones indebidas.
Debería estar sujeta a revisión judicial y periódica de forma automática, o cuando los niños y sus abogados estén en contra de la decisión. Además, a los niños se les debe privar de la libertad en el tiempo más corto posible, teniendo en consideración su situación y las circunstancias del caso. La detención solo debe utilizarse para educar a los niños, para protegerlos y ayudarlos de manera satisfactoria a reintegrarse en la sociedad (FRA, 2022).
La percepción de los niños del sistema de justicia
El primer contacto con el sistema de justicia es una situación traumática para el niño, la cual puede evocar intensas emociones, entre ellas algunas negativas, tales como el miedo, la ansiedad, la inseguridad y la rabia. Al principio, al niño se le suele llevar a un lugar que desconoce sin una explicación adecuada sobre dónde está, por qué está ahí y quiénes son las personas que tiene en frente.
“Me sentía como si estuviera en un túnel, no sabía lo que me iba a pasar… Había tanta gente grande que no me había explicado qué estaba pasando y por qué ya no podía estar con ellos… En la comunidad, me quitaron el teléfono, y no podía llamar a nadie. Estaba angustiado… Solo veía oscuridad y me dio mucha rabia porque yo no elegí este camino. Me sentía perdido, solo y asustado, catapultado de repente al mundo de los adultos.”
– Save the Children, 2022
Durante las audiencias, la formalidad del tribunal puede ser un obstáculo para el niño que podría impedir la posibilidad de que exprese su punto de vista en cuestiones que le afectan.
“La primera vez que vine, el tribunal era como un rinoceronte, con una apariencia imponente y austera que incitaba al miedo. De hecho, dentro es complicado encontrar espacios adecuados donde puedas sentirte escuchado. Durante la audiencia, te podías ver en un cuarto en el que entraban y salían personas extrañas mientras hablabas de tus asuntos.”
– Save the Children, 2022
Todas las figuras que forman parte del sistema de justicia (jueces, trabajadores sociales, tutores, cuidadores especiales, abogados, agentes de la policía judicial, operadores de los servicios sociales y de salud y educadores) deben saber cómo presentarse ante los niños como una persona en la que pueden confiar.
“No me habían tenido realmente en consideración. El juez me había hecho preguntas sobre mis buenas intenciones de cara al futuro, pero me hubiera gustado que primero me hubiera preguntado cómo me estaba sintiendo en ese momento.”
– Save the Children, 2022
Trabajar con niños en los ámbitos de justicia implica adaptar el lenguaje para el niño de manera que sea consciente de lo que se ha decidido para él/ella. El niño no es una parte silenciosa del proceso. El niño es el protagonista del proceso, y todas las decisiones se toman en su interés superior. El derecho de participación debe respetarse en todas las fases del juicio y en todas las decisiones que afectan al niño sin excepción.
Los niños con discapacidades
Los niños con discapacidades se sobre representan de manera significativa en la detención dentro del sistema de justicia y las instituciones. Se estima que uno de cada tres niños en las instituciones tiene una discapacidad. El estigma y los conceptos equivocados suelen ser la raíz del problema.
A los niños con discapacidades se les suele privar de la libertad de acceso a servicios tales como la educación, la atención médica o la rehabilitación, que deberían estar fácilmente disponibles en la comunidad. Las familias suelen carecer del apoyo social y financiero de las instituciones, por lo que no pueden proporcionar los cuidados necesarios para sus hijos ni capacitarlos para hacer frente a las situaciones proporcionando apoyo las 24 horas del día (UN Global Study, 2019).
Además, estos niños experimentan formas de privación de libertad únicas y específicas para las personas discapacitadas. Partiendo de la existencia de una discapacidad o la presunción de tenerla, estos niños se suelen colocar de manera sistemática en instituciones, involuntariamente internados en establecimientos de salud mental, detenidos en instalaciones forenses y/o detenidos en casa u otros entornos comunitarios, por lo general en condiciones deplorables.
Los niños con discapacidades privados de su libertad corren mayor riesgo de sufrir violencia, abuso y explotación, que puede llegar a la tortura u otras formas de vejaciones, entre lo que se incluye estar inmovilizados, esposados, aislados o recibir golpes del personal como una forma de control y castigo (UN Global Study, 2019).
La dimensión de género
Los datos recopilados para el estudio indican desigualdades de género significativas entre los niños privados de su libertad. Entre todos ellos, hay muchos más niños privados de su libertad en todo el mundo que niñas. En la administración de justicia y los contextos de conflictos armados y seguridad nacional, el 94 por ciento de todos los niños detenidos son varones; en la detención de la migración, la cifra es de un 67 por ciento y en instituciones es de 56 por ciento. El número de niños y niñas que vive con sus cuidadores primarios (casi madres exclusivamente) en prisión es similar (UN Global Study, 2019).
Con respecto a la tasa total de delitos en los niños, los datos recopilados para el estudio muestran una tendencia a que el sistema de justicia infantil esté más inclinado a aplicar medidas de desviación a las niñas que a los niños. Aunque aproximadamente un tercio de todos los delitos en todo el mundo cometidos por niños se atribuyen a las niñas, solo un seis por ciento recibe una condena de prisión (UN Global Study, 2019).
Puede haber varias razones para este fenómeno. En particular, las niñas suelen cometer menos delitos violentos y se les suele acusar más a menudo de delitos de estatus. Las niñas suelen ser infractoras sin antecedentes penales y más receptivas al efecto disuasivo de la encarcelación. Otra explicación es la actitud “caballerosa y paternalista” de muchos jueces y fiscales varones en los sistemas de justicia infantil, que dan por hecho, según los estereotipos de género tradicionales, que las niñas necesitan más protección que los niños (UN Global Study, 2019).
Mientras que los niños están sobre representados en la detención, las niñas suelen sufrir discriminación por razón de género. Las investigaciones demuestran que las niñas son más propensas a ser arrestadas por delitos de estatus, por conductas, entre ellas la actividad sexual, el absentismo escolar y escaparse de casa, más que por actos delictivos reales. Las niñas que viven en la calle son especialmente vulnerables, ya que suelen arrestarse por prostitución.
Si los Estados penalizan el aborto, las niñas se arriesgan a terminar encarceladas, incluso cuando el embarazo es el resultado de una violación. Las niñas de las familias pobres tienen un mayor riesgo de institucionalización y encarcelación, ya que carecen de acceso a los sistemas de apoyo. En la detención, las niñas son especialmente vulnerables a la violencia sexual y de otra índole (UN Global Study, 2019).
Casi la mitad de la población en todo el mundo vive en los 70 Estados en los que las leyes existentes penalizan la conducta relativa a la orientación sexual. Los niños que pertenecen al colectivo de lesbianas, gay, bisexual, transgénero e intersexual (LGBTI) son más propensos a ser arrestados o detenidos por delitos de estatus, en particular por actividad sexual y expresiones de orientación sexual e identidad de género.
Los niños LGBTI están sobre representados en los establecimientos de justicia infantil y las instituciones relacionadas con la salud. Suelen ubicarse en establecimientos de detención inapropiados para su género y son particularmente vulnerables a la violencia sexual y de otra índole (UN Global Study, 2019).
Las desigualdades económicas y raciales
Los niños en conflicto con la ley suelen venir de entornos socioeconómicos con dificultades. Muchos de ellos entran en el sistema de justicia penal como resultado de deficiencias en la respuesta de los servicios sociales o de la seguridad social. La pobreza también está relacionada con el aumento en la criminalización y el encarcelamiento de los niños.
La criminalización desproporcionada de los niños que están en la calle se debe en gran parte a los delitos de estatus (como la mendicidad, el consumo de alcohol, el absentismo escolar o escaparse de casa), delitos menores (hurto) y la explotación (como la explotación sexual comercial y delitos relacionados con las drogas) (UNICEF, 2021).
Por lo tanto, es crucial implementar respuestas multisectoriales personalizadas para las circunstancias individuales del niño. Esas respuestas deberían centrarse en proporcionar una protección adecuada y apoyar a esos niños mediante la justicia y sistemas de protección infantil más amplios, así como otros sistemas aliados como la educación, la salud y la protección social.
El marco legal y la justicia adaptada a los niños
A los niños en conflicto con la ley (los niños de los que se alega, se les acusa o se les reconoce haber cometido un delito) se les garantiza la protección y los derechos humanos fundamentales mediante varios instrumentos regionales e internacionales relacionados con la justicia infantil (UNICEF, 2021). Las normas internacionales hacen hincapié en que los niños deben tratarse de una manera que respete su dignidad y valor.
La alternativa a los procedimientos formales debe ser la opción preferida, y la detención solo puede utilizarse como último recurso y durante el período más corto posible. Además, los niños deben tener acceso a un abogado y, si no pueden evitarse los procedimientos judiciales, se les debe garantizar un juicio justo y sin dilaciones (ONU, Justicia para Niños y Niñas, s.f.; UNICEF, 2021).
Las medidas encaminadas a poner en práctica los principios de la justicia centrada en los niños hasta ahora se han enfocado en la fase anterior al punto de decisión, es decir, el momento en el que se escucha al niño y el pequeño participa en procedimientos que le conciernen a él/ella. Aunque cada vez está más claro que tiene que tenerse en consideración el punto de vista del niño, en especial por parte del juez, se sigue debatiendo la cuestión de cómo, quién y si las decisiones deben comunicarse directamente al niño.
Durante los últimos años, en el Reino Unido, al igual que en otros países europeos, ha habido varias decisiones judiciales que han demostrado que es posible adoptar un enfoque centrado en los niños en función de cómo se les comunica a los más pequeños las decisiones que les conciernen (Save the Children, 2022). Entre las más importantes (debido a su originalidad) está, sin lugar a dudas, “Letter to a young person” (2017-EWFC-48) de Sir Peter Jackson, quien era considerado un ejemplo de la aplicación práctica del principio de la justicia “amistosa” y adaptada a los niños.
Como dice el título, es una medida escrita en forma de una carta, con la extensión de una página, dirigida directamente al menor, que ilustra en términos claros la ley actual, el papel del juez, los aspectos que se han tenido en consideración para llegar a la sentencia y la misma decisión del tribunal (Save the Children, 2022).
“Es importante que aprendan a entender nuestras razones. Yo simplemente no quería sentirme como si me estuvieran tomando el pelo. No entendía lo que decía la medida. Lo importante no es solo leer, sino que alguien me ayude a entender las cosas. Después de todo, es mi vida.”
– Save the Children, 2022
Mejorando la situación en el sistema de justicia
Entender la situación actual de la justicia infantil es esencial para atraer la atención hacia medidas inmediatas y a largo plazo que deben adoptarse para evitar los delitos por niños y asegurar que se respeten los derechos de los pequeños en conflicto con la ley, incluyendo su seguridad y bienestar.
La recopilación de datos
Es importante recopilar datos precisos y fiables sobre el tamaño y las características básicas de esta población. Los datos son cruciales para informar las políticas y los programas a escala nacional y para asegurar que se cumpla la normativa establecida en los marcos legales nacionales, regionales e internacionales (UNICEF, 2021).
Por otro lado, las estimaciones de niños detenidos pueden orientar a los gobiernos en dónde centrar las reformas de la justicia juvenil y la protección infantil, incluyendo las medidas para estandarizar los indicadores y fortalecer los sistemas de registro administrativo, así como fomentar y proporcionar las medidas no privativas de libertad (UNICEF, 2021).
Concientización
Los sistemas de justicia adaptados a los niños operan en el interés superior del niño y tienen en cuenta la edad del pequeño y su etapa de desarrollo. Incluyen no solo los procesos y los procedimientos que están adaptados a los niños y que tienen perspectiva de género sino también la cooperación entre la justicia, la protección infantil y los sistemas aliados para responder a la violencia, el abuso y la explotación de los niños. Lograr estos sistemas requiere inversión en la concienciación de los derechos legales de los niños y la provisión de la ayuda legal, la representación y los servicios para los más pequeños, en concreto aquellos involucrados en los sistemas de justicia y bienestar (UNICEF, 2021).
Prevención
El sistema de justicia no radica solamente en la respuesta a un acto delictivo, sino también en la prevención del mismo. Es clave priorizar la prevención y la intervención temprana en los delitos por niños, entre otras cosas mediante el sistema de protección infantil, la participación comunitaria y vínculos más fuertes con los sistemas aliados.
La promoción de los enfoques de justicia restaurativa, los programas de desviación y la integración del apoyo de salud mental y psicosocial en los sistemas de justicia juvenil son herramientas importantes para atender mejor a las necesidades de los niños. En particular, los niños en situaciones callejeras y los jóvenes que no tienen hogar deben ser una prioridad, de forma que todos los niños en conflicto con la ley puedan ser desviados del sistema de justicia (UNICEF, 2021).
Las reformas legales
Acabar con la detención de los niños en conflicto con la ley también requiere reformas legales (entre ellas la edad mínima de responsabilidad penal), la provisión de los servicios de protección infantil, la aplicación de medidas no privativas de libertad y de enfoques terapéuticos, la eliminación de tratos y condiciones inhumanas y degradantes y el refuerzo del apoyo a la reinserción tras la puesta en libertad.
Los tribunales especializados en materia de niñez son un componente crítico, pero también lo es la mayor inversión en la justicia transicional tradicional/informal y las alternativas en los mecanismos de solución de controversias para garantizar la adaptación a las necesidades de los niños y la perspectiva de género, así como la proporción de las medidas correctivas apropiadas para la protección de los niños frente a las violaciones de sus derechos. (UNICEF, 2021).
Escrito por Arianna Braga
Corregido de manera interna por Aditi Partha
Traducido por J.R.
Revisado por Gabriela Pacheco
Editado por última vez el 24 de junio de 2024
Bibliografía:
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