En los últimos diez años se ha producido en el Reino Unido un aumento alarmante y continuado de los delitos cometidos con arma blanca. Impulsado por una epidemia subyacente y creciente de violencia juvenil grave, y posibilitado por las continuas deficiencias legislativas y políticas, este delito se ha convertido en uno de los riesgos más extendidos para la seguridad infantil. Aunque los últimos acontecimientos apuntan a una evolución positiva de la respuesta nacional, se requieren mayores esfuerzos para garantizar que las medidas den prioridad al interés superior del menor y reconozcan su vulnerabilidad innata.
La magnitud de la crisis
En 2024, la Oficina de Estadísticas Nacionales (ONS) del Reino Unido informó de más de 55.000 incidentes de delitos con arma blanca en todo el país, lo que supone un aumento del 4% en comparación con el año anterior y del 80% en relación con las cifras de hace una década (Office for National Statistics, 2025). Esta cifra incluía más de 260 asesinatos en Inglaterra y Gales en los que estaba implicado un cuchillo o un instrumento punzante, y otros 3.735 ingresos en hospitales del NHS como consecuencia de agresiones con un objeto punzante (Office for National Statistics, 2025).
Aunque los delitos con arma blanca están geográficamente dispersos, la mayoría de los incidentes ocurren en el área metropolitana: Gran Londres, West Midlands y Gran Manchester representan casi la mitad de todos los incidentes a nivel nacional. (Office for National Statistics, 2025)
Personas jóvenes en riesgo
Los niños y las personas jóvenes menores de 25 años son uno de los grupos demográficos más afectados. En 2022-23, 42 jóvenes entre 16-19 años fueron víctimas de homicidios con arma blanca (His Majesty’s Inspectorate of Probation, 2024). El año pasado, en 2024, 57 personas menores de 25 años fueron asesinadas con un cuchillo o un objeto cortopunzante. (Office for National Statistics, 2025).

Una investigación más amplia sobre los factores que impulsan los incidentes con arma blanca en las comunidades jóvenes describe una grave epidemia de violencia juvenil, que afecta tanto a los jóvenes implicados regularmente en actos violentos como a otros, de forma indirecta (His Majesty’s Inspectorate of Probation, 2024).
Por violencia juvenil grave se entienden las acciones que causan lesiones corporales graves o muy graves, o delitos cometidos con armas, que afectan a víctimas de hasta 19 años de edad. Las pruebas apuntan a comunidades enteras devastadas por la violencia juvenil grave, que propaga el miedo generalizado entre las poblaciones juveniles (His Majesty’s Inspectorate of Probation, 2024).
Una encuesta realizada en 2023 a casi 8,000 niños a lo largo y ancho de Inglaterra y Gales puso de manifiesto niveles similares de inestabilidad social, y reveló que el 25% de todos los encuestados habían sido autores o víctimas de violencia (His Majesty’s Inspectorate of Probation, 2024). Casi la mitad de los mismos encuestados afirmaron haber sido testigos de actos de violencia en 2023. (His Majesty’s Inspectorate of Probation, 2024).
La violencia juvenil grave también ha mostrado tener fuertes vínculos con otras formas de violencia y explotación, que se extienden más allá de las líneas de cada condado (como es el caso del tráfico de drogas ilegales por parte de organizaciones criminales dentro del Reino Unido), y la explotación criminal infantil (His Majesty’s Inspectorate of Probation, 2024). En un panorama nacional en el que las fuerzas del orden se enfrentan a crecientes problemas de recursos a medida que prospera la delincuencia, las fuerzas policiales corren el riesgo de verse desbordadas por el volumen y las dimensiones de la actividad violenta.
Brechas en la respuesta
La respuesta nacional ante los crímenes con arma blanca no ha logrado abordar de manera integral las causas subyacentes de la violencia juvenil grave, o detener el flujo y el acceso a armas peligrosas. En este último caso, los delitos con arma blanca se perpetran a menudo con machetes o los llamados «cuchillos zombi»: armas ornamentadas y elaboradas inspiradas en películas de terror con temática de zombis. Los esfuerzos para prohibir estas armas han resultado ineficaces.
Los datos recopilados por el Centro de Crimen y Justicia de la Oficina de Estadísticas Nacionales concluyeron que, entre abril de 2023 y marzo de 2024, de 262 delitos cometidos con un objeto cortopunzante, 109 delitos fueron cometidos con un cuchillo de cocina, 18 con un machete, 13 con un cuchillo Rambo/de combate, 4 con un cuchillo “zombie”, y el resto con otros instrumentos punzantes, como un hacha, una navaja automática, un cuchillo de caza, un cuchillo de bloqueo, una espada y otros objetos afilados (Office for Office for National Statistics Centre for Crime and Justice, 2025).
Una prohibición de 2016 de venta de cuchillos zombi se vio socavada por una brecha legal que permitió a los distribuidores recategorizar las herramientas al “eliminar el lenguaje amenazante de los filos”, convirtiéndolas así en legales (Musa-Eiggie, 2025). La ausencia de una legislación integral, combinada con una escasez de mecanismos que favorezcan que las víctimas presenten y entreguen armas a las autoridades, ha contribuido a mantener los cuchillos en las calles.
A un nivel más amplio, ciertos estudios han apuntado un fracaso a nivel nacional nacional a la hora de integrar las alianzas locales de protección en contextos graves de violencia juvenil. (His Majesty’s Inspectorate of Probation, 2024). En lugar de tratar a los niños, sean o no agresores, como víctimas, la respuesta del gobierno hasta la fecha ha sido ofrecer poca orientación a las familias y comunidades sobre cómo abordar el problema dentro de su área local. (His Majesty’s Inspectorate of Probation, 2024).
Los mecanismos de protección infantil existentes demuestran una excesiva concentración en el riesgo dentro de la familia, en lugar de fuera del hogar (His Majesty’s Inspectorate of Probation, 2024). Como resultado, algunos niños involucrados o afectados por violencia juvenil grave quedan fuera del alcance de las iniciativas nacionales de protección y no reciben ningún apoyo formal.
No se ha tenido en cuenta a los niños en los procesos de toma de decisiones sobre políticas y estrategias contra el crimen con armas blancas. Si sus opiniones no son priorizadas e integradas en las respuestas nacionales, se corre el riesgo de pasar por alto las principales causas de la violencia y, esto es fundamental, de ocultar algunas de las características particulares que aumentan su vulnerabilidad. (His Majesty’s Inspectorate of Probation, 2024).
Aunque los crímenes con armas blancas no hacen diferencias entre unas víctimas y otras, algunas de sus causas subyacentes se entrecruzan con desigualdades más amplias en el sistema de justicia penal. (Poham, 2024). Por ejemplo, los niños de determinados grupos étnicos y raciales no solo tienen una mayor posibilidad de ser excluidos en la escuela y de interactuar con el sistema de justicia, sino también son interrogados y cacheados sin ropa por las fuerzas del orden en cantidades desproporcionadas (His Majesty’s Inspectorate of Probation, 2024).
Estudios de 2022-23 muestran que los niños negros en el Reino Unido tenían seis veces más probabilidades de ser asesinados en relación con la distribución de la población nacional, así como «el doble de probabilidades de ser detenidos» (His Majesty’s Inspectorate of Probation, 2024). Si los responsables políticos no consideran y abordan directamente estas desigualdades subyacentes, corren el riesgo de aplicar medidas que no den prioridad a las comunidades más expuestas.
Caminos a seguir
Los cambios en el panorama político y de aplicación de la ley en los últimos dos años ofrecen motivos para ser optimistas sobre la priorización creciente de los delitos relacionados con armas blancas. En el ámbito legislativo, el Proyecto de Ley de Delitos y Vigilancia Policial del Gobierno cerrará la laguna legal existente para los cuchillos zombi y las espadas samuráis, y extenderá nuevas sanciones para las empresas tecnológicas que permitan la venta de cuchillos prohibidos en sus plataformas (Nevett, 2024).
El proyecto de ley también obligará a los minoristas a revelar las compras sospechosas de cuchillos, impondrá controles de identidad más estrictos a los compradores y, con el tiempo, se les solicitará que participen en un programa de licencias para registrar y rastrear la compra de cuchillos (Green & Bridge, 2025). Tras las aportaciones del Consejo Nacional de Jefes de Policía (NPCC por sus siglas en inglés), el proyecto de ley también incluirá aumentos en las penas de prisión por la distribución de armas a menores y un nuevo cargo de «posesión con intención violenta» para ser más disuasivo contra los posibles infractores (Green & Bridge, 2025).
A finales del 2024, el gobierno animó a los propietarios legales de cuchillos a entregar sus armas a las autoridades, comprometiéndose a que si así lo hacían, no iban a ser procesados (Musa-Eiggie, 2025). En respuesta a las peticiones de una colaboración interinstitucional más eficaz sobre este tema, el Primer Ministro estableció recientemente una coalición intersectorial para combatir los delitos con arma blanca.
Esta alianza incluye al gobierno, víctimas y sus familias, empresas de tecnología, organizaciones locales de base y socios de servicios públicos: salud, educación, y cumplimiento de la ley. (Home Office, 2024). En la práctica, el gobierno se ha comprometido a impulsar e invertir en iniciativas para mejorar la seguridad pública.
En las fuerzas policiales nacionales, se han prometido 13.000 agentes adicionales en respuesta a los graves problemas de capacidad (Nevett, 2024). En el marco del Serious Violence Duty —compromiso establecido en 2023—, el gobierno ha instado además a los ayuntamientos y servicios locales a compartir información sobre violencia grave de forma más sistemática y a desarrollar estrategias que aborden s causas profundas (His Majesty’s Inspectorate of Probation, 2024).

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Escrito por Vanessa Cezarita Cordeiro
Traducido por Adrian Cuellar Correa
Revisado por Esperanza Escalona
Referencias:
Adams, Richard. (2024, November 20). “Knife crime ‘blighting the lives of too many children’ in England, warns inspectors.” Retrieved from The Guardian, accessed on 25 February 2025.
Green, R. & Bridge, R. (2025, 19 February). “New knife laws will make difference, says victim’s sister.” Retrieved from BBC News, accessed on 25 February 2025.
His Majesty’s Inspectorate of Probation. (2024, November 20). “Multi-agency responses to serious youth violence: working together to support and protect children.” Retrieved from His Majesty’s Inspectorate of Probation, accessed on 25 February 2025.
Home Office. (2024, 9 September). “Government to launch new coalition to tackle knife crime.” Retrieved from Home Office, accessed on 25 February 2025.
Musa-Eiggie, L. (2025, January 30). “Four months on: Zombie knife ban – has it made a difference?” Retrieved from Youth Endowment Fund, accessed on 1 March 2025.
Nevett, J. (2024, September 24). “Labour on a mission to halve knife crime, Cooper says.” Retrieved from BBC News, accessed on 28 February 2025.
Office for National Statistics. (2025, January 30). “Crime in England and Wales: year ending September 2024.” Retrieved from Office for National Statistics, accessed on 28 February 2025.
Office for National Statistics Centre for Crime and Justice. (2025, February 6). “Homicide in England and Wales: year ending March 2024 – appendix tables.” Retrieved from Office for National Statistics, accessed on 10 March 2025.
Popham, Dr. C. (2024, May 23). “Behind the knife crime statistics: understanding children who carry weapons.” Retrieved from Youth Endowment Fund, accessed on 1 March 2025.
Walker, G. & Sandeman, G. “Idris Elba on stabbing crisis: ‘not all kitchen knives need a point on them.’” Retrieved from BBC News, accessed on 25 February 2025.