Japón es uno de los únicos países del mundo que protege y mantiene un sistema de custodia exclusiva (Cosier & Grant, 2022). Como consecuencia, las leyes nacionales del país del este asiático no protegen de forma exhaustiva los derechos de ambos progenitores en caso de divorcio y separación matrimonial. A raíz del aumento de los matrimonios interculturales y transnacionales, y a pesar del escrutinio de la comunidad jurídica internacional, los progenitores sin custodia se enfrentan a la traumática realidad del aislamiento total de la vida de sus hijos tras el divorcio.
El cambiante panorama parental en Japón
Gran parte de los retos a los que se ha enfrentado Japón en relación con sus leyes de divorcio se han visto intensificados por un aumento de los matrimonios transnacionales (Hamano, 2017). En particular, y desde principios de la década de 2000, Japón ha visto un aumento demostrable de los matrimonios de mujeres japonesas con hombres no japoneses (Hamano, 2017).
Paralelamente, el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón ha observado un aumento de la prevalencia del divorcio entre las parejas transnacionales, probablemente vinculado a mayores diferencias culturales, antecedentes y sistemas de apoyo inadecuados (Hamano, 2017). Hace diez años, casi el 10 % de todos los divorcios registrados en el país correspondían a matrimonios transnacionales, y esta cifra ha aumentado desde entonces (Hamano, 2017).
Los divorcios entre parejas transnacionales conllevan complejidades adicionales. La separación entre estos progenitores puede trascender las fronteras nacionales e involucrar a múltiples sistemas jurídicos y oscurecer la jerarquía de la ley. Los tribunales japoneses tienden a favorecer los intereses del progenitor que tiene la custodia del menor en Japón, permitiendo incluso que ese progenitor abandone el país con su hijo sin el consentimiento o el conocimiento del segundo progenitor (Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones, 2021).
Responsabilidad parental exclusiva
Japón no suscribe los principios de custodia compartida o responsabilidad parental compartida (Hurights Osaka, 2022). En el matrimonio, ambos progenitores ostentan la patria potestad sobre sus hijos, a menos que se emita una orden judicial (Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones, 2021).
Esta custodia puede desglosarse en «legal» y «física», aunque es raro que estos derechos se anexionen y se concedan a dos progenitores distintos (Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones, 2021). Sin embargo, cuando los matrimonios y las relaciones parentales se rompen, las leyes japonesas son restrictivas.
Tras un divorcio, e independientemente de la nacionalidad, solo se concede la custodia de un niño japonés a uno de los progenitores, a menos que los padres acuerden una custodia compartida fuera de los tribunales (Hurights Osaka, 2022). Tampoco existe la obligación de que los jueces acepten o tengan en cuenta órdenes judiciales extranjeras en sus deliberaciones (Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones, 2021).
El proceso de toma de decisiones que determina qué progenitor tiene la custodia es, por tanto, una parte crítica del registro de un niño tras el divorcio. Las leyes existentes proporcionan una amplia discreción para que los jueces otorguen la custodia a un progenitor concreto, así como para decidir sobre los derechos de visita y las interacciones más amplias entre progenitor e hijo (Hurights Osaka, 2022).
Esto coloca a los progenitores sin custodia a merced del progenitor con la custodia y del sistema legal. En casos extremos, los progenitores sin custodia no pueden ver a su hijo en ninguna circunstancia ni recibir fotos de su crecimiento (Hurights Osaka, 2022). Además, una vez separados, los progenitores sin custodia renuncian a su derecho a tomar cualquier decisión sobre la escolarización o la atención sanitaria de sus hijos (Hurights Osaka, 2022).
Una encuesta gubernamental de 2021 afirmaba que más de 200 000 niños se ven afectados por el divorcio cada año en Japón, y casi un tercio de ellos acaban perdiendo todo contacto con el progenitor que no tiene la custodia (Katanuma, 2023).
Restricciones a los progenitores sin custodia
El principio en el que se basa la discrecionalidad judicial en los casos de divorcio es la «continuidad»: se anima a los jueces a dar prioridad a la estabilidad, al cuidador principal de facto y a la situación establecida del niño en un hogar (Hurights Osaka, 2022).
Se suele favorecer al progenitor que estaba con el niño en el momento de la separación y se le otorga autoridad sobre los derechos de visita y otras decisiones relacionadas con el acceso al niño del progenitor sin custodia (Cosier & Grant, 2022). Un efecto secundario de favorecer la continuidad frente al cambio es que los tribunales suelen otorgar la custodia al «progenitor que se ha ocupado del niño más recientemente» (Bagshaw, 2021).
A menudo se teoriza que este sistema responde a la violencia doméstica generalizada perpetrada por los hombres contra sus esposas (Bagshaw, 2021). En Japón, las mujeres son las principales cuidadoras de los niños, y el marco jurídico actual permite a las madres que han sido víctimas de violencia doméstica mantener la custodia de sus hijos sin necesidad de interactuar con sus agresores. Las denuncias por violencia doméstica han aumentado un 500 % desde 2001 y las mujeres representan el 75 % de las víctimas denunciadas (Katanuma, 2023).
Los principios de la custodia exclusiva también evitan que los progenitores solteros dependan en exceso de parejas potencialmente maltratadoras para el bienestar económico y material de sus hijos. Sin embargo, la ley también crea inadvertidamente la posibilidad de que los progenitores con la custodia puedan imponer restricciones excesivas a los progenitores sin custodia tras la ruptura de una relación.
El Convenio de La Haya y el Derecho Internacional
El Convenio de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores de 1980 es un tratado multilateral diseñado para proteger a los menores del traslado y la retención ilícitos a través de fronteras internacionales (Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, 2023). En virtud de sus disposiciones, los Estados signatarios están obligados a «garantizar la posibilidad de visitas o contactos entre progenitores e hijos» (Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón, 2022).
Este requisito prescribe además que los países deben apoyar el derecho de visita de progenitores e hijos cuando estén separados por razones geográficas para proteger el interés superior del menor (Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón, 2022).
Japón ratificó el Convenio de La Haya en 2014 (Hamano, 2014). A pesar de la ratificación, el país aún no ha introducido cambios radicales en su legislación para garantizar su plena aplicación. Japón ha rebatido principalmente las peticiones de modificaciones drásticas de su postura sobre la custodia compartida subrayando la importancia del sistema Koseki: el marco japonés para el registro de las familias en el país que lleva en vigor cientos de años (Hamano, 2017).
Este hecho, combinado con la aplicabilidad limitada del Convenio de La Haya a los niños menores de 16 años, significa que los progenitores actuales que experimentan desafíos relacionados con la custodia exclusiva se encuentran en una carrera contra el tiempo (Bagshaw, 2021).
El secuestro de menores reconocido por las leyes japonesas
Más allá de los retos que plantea el propio sistema de custodia individual, las leyes japonesas relativas a la sustracción de menores refuerzan la minimización de los derechos de los progenitores sin custodia. La sustracción de menores está tipificada como delito en el artículo 224 del Código Penal japonés, y esta posición se aplica por igual a todos los posibles infractores, incluidos los progenitores de sus propios hijos (Hurights Osaka, 2022). Así pues, las leyes sobre sustracción de menores se utilizan como arma para mantener la separación entre los progenitores sin custodia y sus hijos.
En 2005, el Tribunal Supremo de Japón dictaminó que la sustracción de un niño no puede justificarse por la presencia de la patria potestad, dictaminando que un padre no tenía derecho a separar a su hijo de dos años de su madre (Hurights Osaka, 2022).
En 2019, Japón condenó a un hombre australiano a siete semanas de detención después de que intentara comprobar el bienestar de sus hijos, que su esposa japonesa se había llevado sin consentimiento conjunto (Hurights Osaka, 2022). Existen otros casos demostrables en los que las instituciones japonesas han hecho caso omiso de las denuncias oficiales de los progenitores sobre abusos y sustracción de menores.
Escrutinio de la comunidad jurídica internacional
El caso de Vincent Fichot llevó esta práctica inflexible a la primera línea internacional. Como padre casado, vio cómo se ignoraban sus denuncias por sustracción de menores durante cuatro años después de que su esposa se llevara a sus hijos y fue amenazado con ser procesado en virtud de las leyes sobre sustracción de menores si intentaba recuperar a sus hijos de manos de su esposa a pesar de ostentar la plena patria potestad (Hurights Osaka, 2022).
Vincent pudo finalmente obtener una orden de detención con el apoyo de INTERPOL dada la doble nacionalidad de sus hijos (Hurights Osaka, 2022). Las autoridades japonesas respondieron a este incidente intensificando el seguimiento de las denuncias de sustracción de menores y sensibilizando a los agentes del orden sobre estas cuestiones (Hurights Osaka, 2022).
Los tribunales japoneses también tienen discrecionalidad sobre los derechos de visita de los progenitores sin custodia a pesar de las órdenes judiciales de otras jurisdicciones (Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones, 2021). Los retos y peligros de este sistema son evidentes y han suscitado preocupación internacional. El gobierno australiano ha proporcionado asistencia a más de 80 niños vinculados a casos de custodia de menores en Japón desde 2004 (Cosier & Grant, 2022).
En 2019, los respectivos líderes nacionales de Alemania, Francia e Italia condenaron a Japón por su postura actual (Yakimova, 2020). Ese mismo año, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas lanzó una queja formal acusando a Japón de violar las leyes internacionales: la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (CDN) y el Convenio de La Haya (Yakimova, 2020).
Formas de proteger los derechos de los niños y los progenitores en Japón
Mientras Japón se enfrenta a cuestiones fundamentales sobre las repercusiones de sus leyes y políticas de custodia, el país debe seguir dando prioridad al interés superior del menor. En particular, se deben hacer esfuerzos para:
- Aplicar las disposiciones internacionales y cumplir los requisitos de aplicación del Convenio de La Haya (Yakimova, 2020);
- Dar prioridad al interés superior del niño de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño para garantizar, cuando proceda, que se hagan todos los esfuerzos para mantener la relación crucial entre el niño y sus progenitores (Yakimova, 2020);
- Construir sistemas transfronterizos y transnacionales en los marcos de protección infantil para garantizar que las jurisdicciones extranjeras tengan información sobre el funcionamiento de los sistemas de protección infantil de Japón, y que los padres tengan vías para iniciar y mantener disputas transfronterizas (Yakimova, 2020);
- Garantizar que las disposiciones sobre la doble nacionalidad no dificulten el acceso de los niños a sus progenitores. Los niños en Japón deben elegir una nacionalidad antes de los 22 años, esta decisión no debe obstaculizar su acceso a cualquiera de sus progenitores (Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones de Australia, 2021);
- Aprovechar el apoyo de las embajadas y las organizaciones no gubernamentales para garantizar que los niños secuestrados y los progenitores abandonados no sean ignorados (Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones de Australia, 2021);
- Utilizar tecnologías innovadoras y emergentes para ayudar mejor a los niños a reencontrarse con sus progenitores. Find My Parent (FMP) es un ejemplo de un esfuerzo continuo para utilizar plataformas móviles para ayudar a los progenitores a reencontrarse con sus hijos perdidos (Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones de Australia, 2021);
- Mejorar la concienciación sobre el bienestar infantil para garantizar que los niños separados de cualquiera de sus progenitores reciban apoyo para superar el trauma del divorcio y un espacio para expresar sus preocupaciones (Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones de Australia, 2021).
Humanium mantiene su compromiso de salvaguardar los derechos de los niños, incluidos sus derechos a la familia, la protección y la libertad. Humanium cree en el empoderamiento de los niños para hacer realidad sus derechos. Si desea contribuir a la causa de Humanium, considere la posibilidad de ser voluntario, hacerse miembro o hacer un donativo.
Escrito por Vanessa Cezarita Cordeiro
Traducido por Cristina Morillo Berral
Revisado por Ivana Kacunko
Referencias:
Bagshaw, E. (2021, August 14). “Their children were taken. Now they fight Japanese laws to get them back.” Retrieved from The Sydney Morning Herald, accessed on 22 May 2023.
Cosier, C. & Grant, K. (2022, October 11). “Whoever abducts first wins: Why Japan won’t allow this Australian mother to see her children.” Retrieved from SBS Dateline News Australia, accessed on 19 May 2023.
Foreign and Commonwealth Office. (2021, March 19). “Guidance information on child abduction in Japan.” Retrieved from Foreign and Commonwealth Office, accessed on 20 May 2023.
Hague Conference on Private International Law. (n.d). “Child abduction section.” Retrieved from HCCH, accessed on 20 May 2023.
Hamano, T. (2017). “The aftermath of Japan’s ratification of the Hague Convention on Child Abduction: an investigation into the state apparatus of the modern Japanese family.” Retrieved from IAFOR Journal of Asian Studies, accessed on 19 May 2023.
Hurights Osaka. (2022, June). “Black hole of the child abduction.” Retrieved from Asia-Pacific Human Rights Information Centre, accessed 22 May 2023.
Katanuma, M. (2023, January 25). “Japan tries to fix a child custody system under fire from all sides”. Retrieved from The Japan Times, accessed 15 May 2023.
Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2022, November 22). “Overview of the Hague Convention and related Japanese legal systems.” Retrieved from Ministry of Foreign Affairs of Japan, accessed on 19 May 2023.
Official Journal of the European Union. (2019, June 25). “Council regulation (EU) 2019/1111 of 25 June 2019 on jurisdiction, the recognition and enforcement of decisions in matrimonial matters and the matters of parental responsibility, and on international child abduction.” Retrieved from Official Journal of the European Union, accessed on 22 May 2023.
Yakimova, Y. (2020, July 8). “Parliament sounds alarm over children in Japan taken from EU parents.” Retrieved from European Parliament News, accessed on 12 May 2023.
