Descubriendo los derechos infantiles en Bolivia
El Estado Plurinacional de Bolivia ha ratificado la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989 (CDN). El país ha ratificado igualmente los Protocolos Facultativos de la CDN sobre la participación de niños en los conflictos armados; sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, así como sobre el procedimiento de denuncias ante el Comité de los Derechos del Niño. Sin embargo, la situación de los derechos del niño sigue sin estar lo suficientemente protegida en Bolivia, donde el trabajo infantil, la violencia y la pobreza infantil son desafíos importantes.
Índice de Cumplimiento de los Derechos del Niño: 6,99/10
Nivel rojo: Situación difícil
Población : 11,67 millones
Pob. de 0 à 14 años : 30%
Esperanza de vida: 72 años
Mortalidad en menores de 5 años: 25‰
Bolivia de un vistazo
En el corazón del continente sudamericano, Bolivia, también conocido como el Estado Plurinacional de Bolivia, es uno de los pocos estados de América del Sur que no tiene acceso directo al mar. Un país enclavado, Bolivia limita al norte y al este con Brasil, al sureste con Paraguay, al sur con Argentina y al oeste con Chile y Perú.
En cuanto a su territorio, Bolivia se divide en nueve departamentos. Su capital constitucional es Sucre y su capital administrativa, donde se encuentra la sede del Gobierno, es La Paz. La población boliviana es multiétnica. Aunque el idioma principal es el español, la Constitución boliviana reconoce la existencia de 37 idiomas oficiales. Desde el 8 de noviembre de 2020, el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia es Luis Arce. Él ha sucedido a Jeanine Anez (2019-2020) y Evo Morales (2006-2019).
La situación de los derechos del niño en Bolivia [1]
El Estado Plurinacional de Bolivia ratificó la CDN el 8 de marzo de 1990. Esta Convención garantiza a los niños los derechos inherentes a los seres humanos y tiene como objetivo proteger a los niños como miembros vulnerables de la sociedad. Se complementa con tres Protocolos facultativos, a saber: la Convención relativa a la participación de niños en los conflictos armados (2000), la Convención sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía (2000), y la Convención relativa al establecimiento de un procedimiento de comunicaciones (2011). Todos estos textos fueron ratificados por el Estado Plurinacional de Bolivia en 2004, 2003 y 2013 respectivamente.
A nivel nacional, la Constitución boliviana consagra los derechos del niño prohibiendo todas las formas de violencia cometida contra ellos y el trabajo forzoso. También consagra el derecho a la educación, el derecho al acceso a la cultura y al deporte, el derecho a vivir en un ambiente sano, protegido y equilibrado, así como el derecho a la autodeterminación de las personas (Constitución de Bolivia, 2009). Además, la aprobación en 1999 del Código Niña, Niño y Adolescente permitió avanzar considerablemente en la aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño.
Abordar las necesidades de los niños
El derecho a la educación
Aunque la Constitución boliviana garantiza el derecho a la educación para todos, el acceso a la educación en Bolivia está marcado por importantes disparidades. En 2019, 74.910 niños no asistieron a la escuela primaria (Banco Mundial, 2019). Si bien existen desigualdades entre las niñas y los niños, sobre todo existe una brecha mayor entre las zonas urbanas y las rurales, que luchan por tener pleno acceso a la educación.
Sobre todo, porque la crisis sanitaria vinculada a la pandemia de Covid-19 ha tenido un impacto considerable en el acceso a la educación de los niños. De hecho, las autoridades bolivianas han optado por implementar un confinamiento estricto. Según cifras de la UNESCO, Bolivia es el segundo país del mundo que más tiempo ha cerrado sus escuelas, durante 82 semanas (Franceinfo, 2022).
El cierre de escuelas ha tenido un gran impacto en el acceso a la educación. Durante más de un año, el acceso a la educación solo era posible a distancia, a través de plataformas digitales. Sin embargo, muchas familias no disponen de un ordenador y del equipo necesario. El acceso a internet y a la red, especialmente en las zonas rurales, es a menudo imposible (RFI, 2022). Exacerbando las desigualdades, el cierre de escuelas ha privado a un gran número de niños de su derecho a la educación.
Esta situación ha impactado igualmente n la salud de los niños, los cuales muestran signos de depresión, ansiedad y angustia debido a su aislamiento (Unicef, 2022).
El derecho a la salud
El derecho a la salud se encuentra amparado por la Constitución boliviana que, en su artículo 18, reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la salud sin discriminación y la existencia de un sistema de salud único, universal y gratuito (Constitution de Bolivie, 2009) Sin embargo, aunque reconocido, su eficacia sigue siendo limitada.
De hecho, el sistema de salud boliviano está marcado por una importante precariedad y una innegable escasez de recursos. Muchas infraestructuras están deterioradas y los recursos humanos y materiales son insuficientes. Además, el acceso a la salud está marcado por fuertes desigualdades. Las poblaciones rurales e indígenas padecen más dificultades para buscar tratamiento y rara vez tienen seguimiento médico.
La crisis sanitaria provocada por la pandemia del Covid-19 ha dejado al descubierto las deficiencias del sistema de salud boliviano. Los hospitales llegaron rápidamente al límite de su capacidad y las imágenes de cuerpos tirados en las calles, cubiertos con lonas, dejaron una huella imborrable en la mente de todo el mundo (RFI, 2020).
Estas deficiencias del sistema de salud boliviano llevan a constatar el estado de salud, en ocasiones preocupante, de los jóvenes del país. En Bolivia, la tasa de mortalidad infantil se elevó al 2,1% en 2020. Sin embargo, esta última ha estado en continuo descenso durante varias décadas (Banco Mundial, 2020). Además, la desnutrición infantil, mal manejada por las organizaciones de salud, es un verdadero problema. De hecho, uno de cada tres niños sufre desnutrición en Bolivia (Unicef, 2020).
Esto representa una doble carga para los niños, que no solo provoca un crecimiento deficiente y retrasos en el desarrollo, sino también un exceso de peso. Aquí nuevamente, las niñas y niños de zonas rurales o de familias indígenas son los primeros afectados por este fenómeno.
(Unicef, 2019). Además de la desnutrición, el 27,2% de los niños de 6 a 23 meses carecen de vitamina A, uno de los contribuyentes más comunes a la ceguera.
Desafíos específicos del país
La explotación sexual y tráfico infantil
La prostitución infantil es uno de los mayores desafíos al que se enfrenta Bolivia. Las jóvenes pueden tener la esperanza de escapar, a veces esperando huir de una situación de pobreza, refugiándose en la prostitución, pero en realidad están expuestas a la violencia sexual comercial, encontrándose atrapadas en el seno de la trata de personas donde la violencia impera. Hoy en día, casi 1.500 niños y adolescentes son explotados en el comercio sexual en las megápolis bolivianas, y muchos de ellos desaparecen sin dejar rastro alguno (RFI, 2022).
Las causas de este fenómeno son numerosas y difíciles de entender. Para muchos niños pequeños, la prostitución callejera es la última forma de salir de una situación de pobreza extrema. La mayoría de los niños forzados a prostituirse provienen de entornos desfavorecidos, donde rara vez tienen acceso a la educación y crecen en familias disfuncionales. También sucede que los propios padres obligan a sus hijos a ejercer la prostitución para contribuir al ingreso familiar (Caritas).
Las consecuencias son notables. La brutalidad contra mujeres y niñas ha aumentado dramáticamente en Bolivia. Más del 77% de los niños experimentan violencia antes de alcanzar la mayoría de edad. Además, la prostitución infantil favorece los embarazos precoces. La prostitución infantil también beneficia a la trata de personas. Cada año, cerca de 300 niñas son secuestradas para ser prostituidas en el país o en el exterior (Figaro, 2021).
Ante esta creciente pandemia, las autoridades bolivianas aprobaron la Ley N° 263, de 31 de julio de 2012, introduciendo la importante creación del Consejo Plurinacional contra la Trata y el Tráfico de Personas. Este organismo se encarga de la ejecución del Plan Nacional de Lucha contra la Trata y el Tráfico de Personas, de la atención especializada a las víctimas y de la ayuda en su reinserción profesional.
En el marco de la presentación del cuarto informe periódico de conformidad con el artículo 40 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, las autoridades bolivianas señalaron que se encuentran operativos dos centros especializados en la atención de la recepción de víctimas de la trata y el tráfico de personas y que las reglas de procedimiento establecidas para investigar prevén la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía y la policía boliviana, para que se realicen todos los actos de investigación necesarios para encontrar a las víctimas, identificar a los autores y condenarlos (Quatrième rapport périodique soumis par l’État plurinational de Bolivie, 2019).
Sin embargo, la realidad es muy a menudo diferente, lamentablemente. De los miles de casos de trata cada año, solo unos pocos cientos son denunciados a la policía boliviana. De estos, el 90% no pasan de la fase inicial de investigación. En cuanto a las pocas investigaciones que conducen a un juicio, casi ninguna conduce a una condena.
La mayoría de las familias de las víctimas se sienten abandonadas por las autoridades y realizan su propia investigación para encontrar a sus hijos. La corrupción de la policía boliviana es el principal obstáculo para el correcto desarrollo de las investigaciones, siendo en ocasiones los mismos policías dueños de los prostíbulos. El Comité de Derechos Humanos se mostró particularmente preocupado por el aumento de la violencia sexual en Bolivia y alentó a las autoridades gubernamentales a reformar el sistema judicial (ONU, 2022).
La violencia contra los niños
La violencia en todas sus formas, sea física, psicológica o sexual, cometida contra los niños constituye un desafío mayor en Bolivia. Durante el 2021, se denunciaron 46 infanticidios y se registraron 34.893 casos de violencia contra niños, adolescentes y mujeres – un promedio de 95 casos de violencia por día. A 8 de mayo de 2022 ya se han registrado 15 infanticidios (Unicef, 2022).
Esta violencia forman parte de una cultura muy arraigada según la cual el niño debe ser educado en la violencia. Esta violencia perpetrada contra los niños se da tanto en el ámbito familiar, en la escuela como en la calle. La crisis sanitaria vinculada a la propagación del Covid-19 también fue uno de los factores que agravaron esta violencia (Unicef, 2022).
Esto último entra en completa contradicción con los compromisos internacionales de Bolivia, así como con su derecho nacional. De hecho, el artículo 146 del Código Niña, Niño y Adolescente dispone que: «I. La niña, niño y adolescente tiene derecho al buen trato, que comprende una crianza y educación no violenta, basada en el respeto recíproco y la solidaridad. II.
El ejercicio de la autoridad de la madre, padre, guardadora o guardador, tutora o tutor, familiares, educadoras y educadores, deben emplear métodos no violentos en la crianza, formación, educación y corrección. Se prohíbe cualquier tipo de castigo físico, violento o humillante.» (Code de l’enfance et de l’adolescence, 1999).
Durante los intercambios organizados con la delegación boliviana, el Comité de Derechos Humanos expresó especial preocupación por la situación de los derechos del niño en Bolivia y por la práctica de castigos corporales en los niños. Sobre este punto, la delegación boliviana reconoció que es necesaria una campaña de concienciación, particularmente en las escuelas. También indicó que una unidad de protección infantil dentro del Ministerio de Justicia está trabajando para desarrollar una política de lucha contra los castigos corporales sobre los niños y los abusos escolares (ONU, 2022).
La pobreza infantil
Bolivia es uno de los países más pobres de América Latina. Sin embargo, las últimas cifras muestran un descenso de algunos puntos en la pobreza del país. De hecho, en 2020, la pobreza extrema se situó en el 13,7% frente al 11,1% de 2021. Asimismo, la pobreza moderada también se ha reducido en dos puntos entre 2020 y 2021, afectando últimamente al 36,6% de la población (RFI, 2022). Si bien estos números siguen siendo altos, su tendencia a la baja es, sin embargo, un logro significativo – especialmente en el contexto de una pandemia mundial.
Sin embargo, la pobreza sigue siendo una pandemia profundamente arraigada en Bolivia y un gran desafío para las autoridades bolivianas. Ésta es también uno de los principales factores de todos los males de la sociedad boliviana. Es innegable que impacta el acceso a la educación y a la salud y favorece la proliferación de los niños trabajadores, los matrimonios tempranos o forzados de menores, e incluso la prostitución infantil. Además, la pobreza afecta a los habitantes de Bolivia de manera muy desigual. Las personas de las zonas rurales, así como las comunidades indígenas son las más afectadas por la pobreza.
Durante la revisión del informe periódico de Bolivia, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales cuestionó a la delegación boliviana sobre el derecho a un nivel de vida adecuado. Por su parte, la delegación boliviana destacó los esfuerzos del Gobierno boliviano para combatir la pobreza y mejorar las finanzas del Estado. La delegación mencionó especialmente la introducción de una serie de medidas para reducir la brecha de pobreza entre los indígenas y los no indígenas (ONU, 2021).
El trabajo infantil
Bolivia es el único estado del mundo que ha legalizado el trabajo infantil a partir de los 10 años. De hecho, en julio de 2014, el Parlamento boliviano votó y promulgó una nueva ley que autoriza a los niños de 10 a 12 años a trabajar por cuenta propia. La ley, sin embargo, prohibía la realización de tareas peligrosas a los menores de 14 años estableciendo una lista de trabajos prohibidos como el trabajo en las minas, en los campos de caña de azúcar o en las fábricas de ladrillos (Le Point, 2014). En total contradicción con los derechos del niño y con los acuerdos internacionales ratificados por Bolivia, esta ley fue finalmente derogada por el Consejo Constitucional de Bolivia en febrero de 2018.
Sin embargo, el trabajo infantil sigue siendo una realidad preocupante en Bolivia. Casi uno de cada cuatro jóvenes trabaja para contribuir a los ingresos familiares. Desde una edad temprana, los niños deben valerse por sí mismos. Desde vender dulces hasta trabajar en la fábrica o en los campos, estas actividades se suman a sus horas escolares y, a menudo, conducen a una caída en los resultados escolares (Franceinfo, 2018).
La pobreza es la principal causa del trabajo infantil en Bolivia donde el 60% de la población vive en la economía sumergida. Cientos de miles de familias no podrían sobrevivir sin los ingresos de sus hijos (Franceinfo, 2018). Pilar de la economía nacional, el trabajo infantil es a menudo percibido como «un mal necesario» en la lucha contra la pobreza familiar. Esta es, además, la posición de la Unión de Niños y Adolescentes Trabajadores de Bolivia, que todavía hoy lucha por la legalización del trabajo infantil, esperando encontrar allí alguna protección legal.
Una opinión que de ningún modo comparte la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que, en su momento, comunicó su preocupación por la adopción de la ley de 2014. Según la OIT, el trabajo infantil no puede justificarse como un «mal necesario» y un medio de desarrollo. Por el contrario, el trabajo infantil alimenta un ciclo intergeneracional de pobreza: cuanto más trabaja un niño, menos posibilidades tiene de conseguir un diploma, menos participa en el desarrollo económico del país y más pobre se vuelve el país (OIT, 2014).
Además, no siempre se respetan los compromisos internacionales en materia de trabajo infantil de Bolivia. Cabe recordar que Bolivia ha ratificado el Convenio no. 138 de la OIT sobre la edad mínima de admisión al empleo y el Convenio núm. 132 sobre las peores formas de trabajo infantil. Al respecto, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones señaló que, si bien la ley de julio de 2014 había sido declarada inconstitucional por la Corte Constitucional boliviana, el Código Niña, Niño y Adolescente siempre se refiere a ella (OIT, 2022).
La Comisión también pidió al Gobierno boliviano «tomar todas las medidas necesarias para adaptar el Código Niña, Niño y Adolescente, de modo que la edad mínima de acceso al trabajo sea fijada en 14 años» (OIT, 2022). Sin embargo, la participación del Gobierno boliviano en este tema aún puede mejorar. Bolivia también fue considerada en «incumplimiento grave de presentación» por haber incumplido su obligación de presentar un informe (OIT, 2022).
El matrimonio infantil
Los matrimonios de menores constituyen un problema real en América Latina y, lamentablemente, Bolivia no es la excepción. De hecho, casi el 20% de las jóvenes bolivianas se casan antes de alcanzar la mayoría de edad y el 3% de ellas se casan antes de los 15 años. Este problema afecta por igual a los niños pequeños. De ellos, el 5% se casa antes de alcanzar la mayoría de edad, una situación que sitúa a Bolivia entre los 15 países con mayor número de varones menores de edad casados (Filles, Pas épouses).
A diferencia de otros países del mundo, en Bolivia, las relaciones con los niños pequeños generalmente toman la forma de una unión informal materializada por una vida en común, y no tienen sistemáticamente la apariencia de un matrimonio oficial o religioso. Estos «matrimonios» a menudo son un escape de la pobreza extrema y permiten a las familias reducir sus gastos de alimentación. Además de la pobreza, los matrimonios infantiles también son el resultado de las tradiciones de las comunidades indígenas, ya que algunas fijan la edad ideal para contraer matrimonio en 13 años para las niñas y en 18 años para los chicos jóvenes (Filles, Pas épouses).
Estas situaciones de uniones precoces, incluso forzadas, sin embargo, están prohibidas tanto por la legislación nacional boliviana como por el derecho internacional. De hecho, el Código de las Familias y del Proceso Familiar (2014) establece en su artículo 139 la edad mínima para consentir el matrimonio en 18 años (Código de las familias y del proceso familiar, 2014). Bolivia también está sujeta a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que establece que el matrimonio no puede celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de las partes (Convention américaine relative aux droits de l’homme, 1969)
Una de las consecuencias directas de los matrimonios infantiles es la constatación de una alta tasa de embarazo entre las adolescentes y jóvenes bolivianas. Esta preocupante observación también ha llevado al Gobierno a establecer un plan de acción, denominado Plan Plurinacional de Prevención de Embarazos en Adolescentes y Jóvenes. Implementado en 2015, este plan de acción hizo la siguiente observación: las adolescentes con mayor riesgo de embarazo son aquellas que viven en zonas rurales, con un bajo nivel educativo y que se encuentran en situación de pobreza.
Establecido por un período de 5 años, este plan tiene como objetivo crear una plataforma nacional para promover la prevención de embarazos entre jóvenes y adolescentes, así como fortalecer su atención y educación (Plan plurinacional de prevención de embarazos en adolescentes y jóvenes, 2015-2020). Sin embargo, las desigualdades sociales y económicas persisten en Bolivia, y los matrimonios forzados o precoces infantiles siguen siendo un verdadero desafío.
Los desafíos medioambientales
Bolivia fue uno de los primeros estados del mundo en reconocer derechos a la Madre Tierra. En 2011, el Gobierno boliviano introdujo la llamada ley «Madre Tierra». Inspirada en las creencias de la Pachamama, esta última otorga derechos fundamentales a la naturaleza (derecho a la vida, derecho al agua y al aire limpio, etc.) y establece su igualdad con el hombre (Ecolopop).
Sin embargo, frente a la importante pobreza de este estado, la explotación de los recursos naturales sigue siendo una innegable fuente de riqueza, implicando desastres catastróficos para la naturaleza. En este sentido, las autoridades bolivianas han adoptado normas que autorizan la explotación forestal y la destrucción por incendios de bosques.
En agosto de 2021, cerca de 600.000 hectáreas fueron arrasadas por incendios en el departamento de Santa Cruz, en el este de Bolivia. Estos incendios fueron provocados deliberadamente, siendo la voluntad de los autores transformar los bosques en zonas agrícolas (Le Monde, 2021). Esta práctica, también llamada quema, había provocado la ira y la indignación de las organizaciones indígenas. Estas últimas manifestaron su disconformidad durante casi 37 días de marcha en Santa Cruz, en vano (Le Monde, 2021).
En el marco de la revisión del informe periódico de Bolivia sobre la implementación de las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los miembros del Comité cuestionaron a la delegación boliviana sobre las medidas adoptadas por el Gobierno en respuesta al cambio climático. En respuesta, la delegación indicó que, con respecto a los recursos hídricos, se ha implementado un programa de capacitación para compartir técnicas locales para la gestión sostenible del agua. Ésta dijo que se han tomado compromisos claros para asegurar el uso adecuado de los recursos nacionales y el cumplimiento de las normas ambientales (ONU, 2021). Sin embargo, aún queda un largo camino por recorrer en lo que respecta a los derechos medioambientales.
Escrito por Manon Lanselle
Revisado internamente por Aditi Partha
Traducido por Susana Ibarz de la Torre
Revisado por Nieves Carazo
Última actualización del 25 de junio de 2022
Referencias:
Ecolopop, (6 mai 2011), La Bolivie adopte une loi de la terre mère, consulté le 28 août 2022.
Filles, pas épouses, Atlas interactif du mariage des enfants, Bolivie, consulté le 28 août 2022.
Le Monde,(24 août 2021), En Bolivie, des zones protégées parties en fumée, consulté le 28 août 2022.
Unicef, (10 juin 2022), L’Unicef appelle à protéger les enfants contre toutes les formes de violences, La Paz, consulté le 28 août 2022.
[1] Este artículo de ninguna manera pretende dar una descripción completa o representativa de los derechos del niño en Bolivia; de hecho, uno de los muchos desafíos es la escasa información actualizada sobre los niños de Bolivia, mucha de la cual no es fiable, no es representativa, está desactualizada o simplemente no existe.
