La justicia infantil abarca medidas legales para proteger sus derechos y bienestar, que van más allá de los contextos penales. Incluye principios de justicia adaptada a los niños de las normas internacionales, que abarcan los procedimientos judiciales no penales, como los casos de derecho público que involucran a autoridades locales y los casos de derecho privado dentro de la vida familiar. Las razones principales para que los niños interactúen con el sistema de justicia incluyen el divorcio, la adopción, la nacionalidad, la inmigración, las necesidades de cuidados, la participación criminal, la educación, la discriminación, los delitos sexuales, la negligencia clínica y la salud mental.
¿Qué es la justicia infantil?
El término justicia infantil se utiliza más comúnmente en un contexto legal y se refiere la intención de garantizar que todos los niños, independientemente de su condición, sean atendidos por el sistema judicial, velando siempre por su beneficio y de conformidad con las reglas y estándares internacionales. Esta definición incluye los casos en el ámbito penal (en los que los niños entran en contacto con el sistema judicial debido a un delito) así como las violaciones de los derechos de los niños fuera del ámbito penal (como los procedimientos de adopción).
La justicia de menores no debe verse restringida ni limitada por las disposiciones jurídicas nacionales. Dada la amplitud del término, los principios internacionales de justicia de menores están codificados en una serie de normas y directrices internacionales, entre ellas la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (CDN), las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores (Reglas de Beijing) y las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad (Reglas de La Habana), entre otras.
Dos tipos de procedimientos en el cuidado de menores
Hay varias razones por las que los niños pueden ser sometidos a procedimientos judiciales no penales. Estos procedimientos judiciales determinarán dónde deben vivir los hijos, quién tiene la responsabilidad parental sobre el niño o con quién puede tener contacto (Martin, 2018). Hay dos tipos de ordenamientos legales:
Derecho público
Los casos de derecho público se relacionan con procedimientos judiciales en los que una autoridad local ha presentado una solicitud expresando preocupación por la falta de cuidados que recibe un niño (o niños). Durante estos casos, se le asigna al niño un asistente social (Martin, 2018). Algunos ejemplos de casos de derecho público:
Órdenes de cuidado
Una orden de cuidado se solicita en nombre de un menor por una autoridad local. Hay dos tipos de órdenes de cuidado: órdenes de cuidado provisional y órdenes de cuidado definitivo. Una vez que se establece una orden de cuidado, la autoridad local tiene la responsabilidad parental y debe determinar el futuro del niño y dónde vivirá. La orden dura hasta que el niño tenga dieciocho años. Sin embargo, esta puede ser revocada por los tribunales. En virtud de una orden de cuidado, a un niño se le considera “cuidado” por la autoridad local. (Martin, 2018).
Orden de supervisión
Una orden de supervisión requiere que la autoridad local asigne un trabajador social para asesorar, ayudar y hacerse amigo del niño para brindarle apoyo. En estos casos, la autoridad local no tiene responsabilidad parental. Las órdenes son inicialmente por un período de un año, pero pueden extenderse a no más de dos años. Sin embargo, el tribunal tiene el poder de detener la orden antes. Esta orden significa que ha habido serias inquietudes con respecto al bienestar de un niño y no se le considera un niño que esté “cuidado”. (Martin, 2018).
Orden de adopción
Una orden de adopción, solicitada por los adoptantes y no por la autoridad local, transfiere la responsabilidad parental a los adoptantes. Una vez entra en vigor, el niño asume el nombre y los privilegios legales de la familia adoptiva como si hubiera nacido en esa familia. La órden de adopción duran toda la vida del niño y normalmente no son reversibles (Martin, 2018).
Orden de protección de emergencia
Una orden de protección de emergencia permite a la autoridad local retirar a un niño de su hogar si considera que corre riesgo de sufrir un daño significativo. Esta orden puede durar hasta ocho días y solo puede prorrogarse por siete días adicionales (Martin, 2018).
Derecho privado
Los casos de derecho privado se refieren a procedimientos judiciales en los que una persona ha llevado una cuestión particular ante los tribunales, en relación con un asunto dentro de su vida familiar privada. Estos casos no necesariamente involucran a las autoridades locales (Martin, 2018). Algunos ejemplos de casos de derecho público:
Orden de acuerdos para el menor
Las órdenes de acuerdo del menor determinan las condiciones de vida y contacto para el niño. Quienquiera que el tribunal determine con quién tiene que vivir el niño, obtiene la patria potestad durante la duración de la orden. El contacto con el menor puede ser directo o indirecto. El contacto directo se refiere al cara a cara, en persona o en línea.
El contacto indirecto se refiere al contacto a través del intercambio de cartas (Cafcass, n,d). Esta orden suele estar en vigor hasta que el niño cumple dieciséis años, después de lo cual el niño decidirá cuánto contacto desea. Sin embargo, solo puede decidir dónde quiere vivir una vez que cumple los dieciocho años (18) (Martin, 2018).
Orden de patria potestad
La orden de patria potestad define todos los derechos, responsabilidades y deberes que el padre tiene respecto de su hijo. Las madres biológicas tienen automáticamente la patria potestad, a menos que esta le sea retirada mediante una orden de adopción. En los casos en el que el padre y la madre esten casados en el momento del nacimiento del niño, ambos tendrán la patria potestad.
En los casos en los que el padre y la madre no estén casados, el padre puede obtener la patria potestad casándose con la madre, a través de una orden judicial o firmando un acuerdo sobre la patria potestad (Cafcass, n,d). La patria potestad incluye tomar decisiones sobre a qué escuela irá el niño, elección del nombre, dar consentimiento a tratamientos médicos y tener acceso al historial clínico del niño, la habilidad de llevar al niño de vacaciones al extrangero y a un niño en procedimientos legales (Coram, n,d).
Orden de residencia
Una orden de residencia es una orden judicial que determina con quién debe vivir el menor, pero no dónde vivirá. Quienquiera que el tribunal determine con quién vivirá el niño, tendrá la patria potestad sobre el niño hasta que este tenga 16 años (Martin, 2018).
Razones por las cuales los niños entran en contacto con el sistema judicial
Los niños pueden entrar en contacto con el sistema judicial como resultado de sus propias acciones o de las acciones de las personas que le rodean. Los factores más comunes que impulsan la interacción de los niños con el sistema de justicia incluyen:
- Divorcio: las separaciones matrimoniales formales pueden poner a los niños en contacto con el sistema judicial, en particular cuando los padres y tutores debaten los derechos de los padres y de supervisión de los niños. A pesar de la disminución general de los divorcios, la investigación global sobre las percepciones del divorcio demuestra un aumento en las búsquedas en Internet de la palabra «divorcio» en todo el mundo, incluso en Filipinas, donde el divorcio es ilegal (Advokatsmart, 2024).
- Adopción: la adopción es el proceso legal por el cual se transfiere la patria potestad de los padres biológicos a los padres adoptivos. El interés superior de los niños se tiene en cuenta activamente durante los procedimientos de adopción como parte de los principios de trato justo y justicia.
- Nacionalidad: la adquisición de la nacionalidad es un procedimiento formal ligado al registro del niño en el momento de su nacimiento. Los niños que no han sido inscritos en el momento del nacimiento pierden o les son robados sus datos de registro (como les pasa a los refugiados que huyen de un conflicto o de desastres naturales) o que tienen dificultades a la hora de inscribirse se ven obligados a acceder al sistema judicial.
- Inmigración: la migración voluntaria o forzada de menores a través de fronteras y hacia nuevos territorios los pone en contacto directo con el sistema judicial. Los niños necesitan apoyo formal para lograr derechos y permisos de residencia legal.
- Cuidados o necesidades de protección: los menores en riesgo de sufrir violencia, abuso o abandono pueden acudir al sistema judicial para que les proteja y cuide de ellos. Existen líneas telefónicas de ayuda policial, servicios sociales y otras agencias cuasi policiales para proteger a los niños de cualquier peligro.
- Participación criminal: es probable que los niños que han estado involucrados en incidentes criminales interactúen con las fuerzas del orden y actores legales como parte de los procedimientos de justicia penal.
- Educación o necesidades especiales/discapacidades: los niños con necesidades especiales o discapacidades pueden dirigirse al sistema judicial en busca de apoyo. Los niños con discapacidades de aprendizaje, por ejemplo, podrían requerir apoyo formal para garantizar la no discriminación y alcanzar su máximo potencial.
- Discriminación : los niños pueden recurrir al sistema de justicia para conseguir una compensación cuando han sido discriminados, o hayan sufrido discriminación mientras se encontraban en el propio sistema judicial. Investigaciones recientes demuestran que las desigualdades sociales pueden llevar desproporcionadamente a los niños marginados al sistema judicial y aumentar su probabilidad de sufrir un trato injusto mientras se encuentran dentro de él (Barnardo’s, 2023).
- Delitos sexuales: los niños que han cometido o han sido víctimas de delitos sexuales entran en contacto directo con el sistema judicial penal como parte de los procedimientos legales y de investigación, pero también requieren apoyo adicional fuera de ese sistema para garantizar que reciban el apoyo adecuado.
- Negligencia médica, asistencia sanitaria: es probable que los niños que hayan sido parte de incidentes que involucran negligencia clínica y prestación negligente de atención médica entren en contacto con el sistema judicial para garantizar que estén protegidos contra daños mayores y reciban apoyo.
- Salud mental: a los menores que sufren problemas de salud mental normalmente se les ofrecen diferentes vías a través del sistema judicial para que puedan mejorar.
Ejemplos de justicia adaptada a los niños
Los principios de justicia adaptada a los niños están codificados en diversos instrumentos regionales e internacionales. En el contexto europeo, las directrices del Consejo de Europa enumeran una serie de principios que los Estados deben respetar al pensar en la justicia infantil. (Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 2024). Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Unión Africana (a través de su Carta sobre los Derechos y el Bienestar del Niño) contienen orientación sobre cómo tratar a los niños en los procesos judiciales.
A nivel internacional, las Naciones Unidas han publicado normas y directrices sobre justicia juvenil, delincuencia juvenil y privación de libertad, asuntos penales que involucran a víctimas infantiles y testigos y cuidados alternativos, entre otros (Child Rights International Network, 2024). Además, en una Nota de Orientación publicada por el Secretario General en 2008, las Naciones Unidas presentaron nueve principios rectores para garantizar la justicia para los niños (United Nations, 2008).
Cabe destacar que la mayoría de las directrices existentes se centran en la justicia infantil dentro del sistema de justicia penal y hay poco contenido publicado sobre la estandarización de los principios judiciales para los niños en un contexto no penal. Independientemente del contexto, existen algunos principios comunes que abarcan instrumentos internacionales y regionales y que deben respetarse para lograr la justicia infantil. Estos se presentan a continuación con ejemplos de diferentes árbitros regionales.
El interés superior del niño como consideración primordial
La justicia adaptada a los niños debe centrarse en el interés superior del menor y debe priorizarlos por encima de todas las demás consideraciones. En un caso alemán de 2018 (Tlapak y otros contra Alemania), el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) priorizó el interés superior de un grupo de niños que estaban sufriendo azotes en una iglesia alemana, marginando los intereses de sus padres, que creían que el castigo corporal de este tipo era aceptable (European Court of Human Rights, 2024).
El derecho del niño a expresar sus opiniones libremente y a ser escuchado
Los niños tienen derecho a ser escuchados y a expresar sus opiniones durante todos los procedimientos judiciales, independientemente de su edad y sus habilidades comunicativas. No darles a los niños la oportunidad de ser escuchados incurre en el riesgo de perjudicar a su bienestar. En el caso croata de 2015 de M. y M. contra Croacia, el TEDH declaró que una audiencia de custodia de 4 años era ilegal porque no le daba a un niño de 13 años la oportunidad de ser entrevistado o de expresar sus opiniones en el tribunal durante los procesos judiciales (Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 2024).
Audiencias y juicios rápidos
La justicia infantil debe impartirse con rapidez, reduciendo el tiempo en que los niños están expuestos al peligro o a la incertidumbre. En el caso brasileño “Complejo Tatuape”, los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenaron que se implementaran medidas urgentes para proteger a los adolescentes que residían en una zona que se había vuelto cada vez más peligrosa (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2008).
Trato igualitario, sin discriminación
Los niños dentro del sistema judicial deben ser tratados de manera justa e igualitaria, independientemente de sus características físicas o personales. Lamentablemente, debido a prejuicios preexistentes, los niños son tratados injustamente de la misma manera que los adultos.
En el caso de Talpis contra Italia de 2017, el TEDH señaló que una mujer había sido víctima de discriminación en el proceso judicial debido a que las autoridades habían subestimado la violencia que había sufrido debido a su género (Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 2024).
Accesible para los menores
Los sistemas judiciales suelen ser inaccesibles para los niños que carecen de los medios para acceder a apoyo jurídico y desconocen sus derechos. Esto se puede ver afectando particularmente a los niños vulnerables, los niños pertenecientes a minorías, los niños migrantes, los niños con discapacidades y los niños en cárceles o centros de detención. La Comisión Africana apoya el acceso de los niños a los mecanismos de justicia al permitir que los ciudadanos, los particulares y las ONG denuncien el maltrato infantil en su nombre (Consejo de Europa, 2024).
Apropiado para su edad
Se deben desarrollar mecanismos de justicia infantil para los niños, teniendo en mente su interés superior. Adoptar un procedimiento de justicia penal para adultos e implementarlo en un contexto de derecho infantil corre el riesgo de desvirtuar y pasar por alto las particularidades de la vulnerabilidad infantil.
Diligente
Los actores que trabajan dentro de la cadena judicial deben ser detallados y minuciosos en su evaluación de las posibles violaciones de los derechos infantiles y en su tratamiento de los niños que han sido víctimas de algún daño. En 2008, la CIDH dictaminó que Guatemala no había protegido a los niños de las desapariciones forzadas y, más allá del daño individual sufrido, ordenó al país a establecer un centro educativo sobre los niños desaparecidos durante el conflicto armado (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2008).
Adaptado y enfocado a las necesidades de los niños
Los sistemas de justicia penal a menudo no están equipados para dar apoyo a los menores. Los profesionales de la justicia con frecuencia carecen de formación especializada y recurren a tratar a los niños como adultos, subvirtiendo el proceso de justicia e ignorando su inherente vulnerabilidad.
En el caso de 2021 de A.P. contra la República de Moldavia, un niño de doce años fue acusado de abusar sexualmente de un niño de cinco años. Durante el proceso de investigación, el niño acusado no estuvo acompañado por un asistente social, psicólogo u otro especialista, incumpliendo las directrices del Consejo de Europa (Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 2024).
Respetar el derecho a participar y comprender los procedimientos
Además del derecho a ser escuchados y a disponer de mecanismos de justicia penal accesibles, los niños tienen derecho a ser informados de los procedimientos y a tener la oportunidad de participar Esto requiere que los Estados desarrollen mecanismos para comunicarse con los niños durante los procesos de toma de decisiones judiciales.
Respetar el derecho a la vida privada y familiar
Los organismos nacionales deben hacer todo lo que esté a su alcance para proteger la privacidad de la vida familiar privada y preservar el entorno doméstico de los niños, ya que esto influye en su interés superior. Este derecho está consagrado en numerosos convenios internacionales de derechos humanos y se extiende a los niños.
Respetar el derecho a la integridad y la dignidad
Los niños deben ser tratados con dignidad durante todos los procedimientos de justicia penal. Esto incluye respetar su vulnerabilidad como niños, reconociendo al mismo tiempo su valor como seres humanos. Esto puede incluir requerimientos para que los Estados realicen investigaciones completas y exhaustivas sobre las denuncias de abuso, en lugar de menospreciarlas.
Consejos prácticos para las partes interesadas en la implementación de una justicia adaptada a los niños
Las Naciones Unidas promueven y abogan para que los Estados implementen una serie de medidas para construir un marco sólido que garantice la justicia infantil. Estas recomendaciones incluyen (Naciones Unidas, 2008):
Legisladores
- Garantizar que las leyes y políticas se elaboren e implementen de conformidad con las normas y estándares de las Naciones Unidas y los principios internacionales de derechos humanos.
- Asegurar que se redacten políticas específicas para orientar al personal que trabaja dentro de la cadena de justicia sobre las formas de interactuar con los niños que entran en contacto con los procesos judiciales.
- Garantizar que se proporcionen recursos adecuados a las instituciones nacionales para permitirles desarrollar la capacidad y las habilidades necesarias para proteger a los niños y garantizar resultados justos.
- Implementar procesos de seguimiento y rendición de cuentas para garantizar que el personal que entra en contacto directo con los niños cumpla constantemente con unos estándares elevados.
- Desarrollar y mantener datos fiables sobre las experiencias de los niños dentro del sistema judicial.
- Implementar campañas educativas para crear conciencia sobre los derechos de los niños en relación con el sistema judicial, tanto dentro del currículum escolar como en un ámbito más amplio, para garantizar que los adultos sean conscientes de la importancia de la justicia infantil.
Agentes jurídicos
- Desarrollar y mantener la capacidad para implementar procedimientos y prácticas especializadas en todas las audiencias que involucren a niños, centrando los resultados en el principio del interés superior del niño.
- Establecer una vía para el desarrollo de profesionales jurídicos especializados con conocimiento de las cuestiones y vulnerabilidades de los derechos del niño.
Sociedad civil
- Apoyar a los gobiernos para que aboguen por la justicia infantil, concienciando a través de procesos centrados en los niños que los involucren tanto como sea posible.
- Llevar a cabo programas de justicia infantil en situaciones de conflicto y otros entornos caóticos en los que los gobiernos no pueden dedicar temporalmente recursos a la protección de los niños.
Escrito por Vanessa Cezarita Cordeiro
Editado por Aditi Partha
Traducido por Sandra Contreras
Revisado por Karen Bello
Última actualización el 6 de mayo de 2024
Referencias:
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