Un fallo histórico por los derechos ambientales en Ecuador

Nueve niñas de la Amazonia Ecuatoriana y sus respectivas comunidades de origen ganaron su recurso ante la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos, en la que habían solicitado al Estado de Ecuador asumir sus responsabilidades ambientales para prohibir la práctica de la quema de gas y brindar reparación a miles de comunidades locales e indígenas afectadas. Este es sin duda un fallo histórico para los derechos ambientales, que requiere la responsabilidad de las compañías petroleras por el impacto al medio ambiente y la salud de sus actividades.

Ambiente saludable – un derecho y un privilegio

El derecho a vivir en un ambiente saludable y limpio, el derecho a la salud, el derecho al agua y el derecho a la alimentación son derechos humanos esenciales, que aún no están plenamente garantizados en el mundo, lo que expone a las personas y comunidades enteras de nuestro planeta a graves problemas sociales, ambientales e injusticias climáticas.

En la Amazonia Ecuatoriana, por ejemplo, la gente ha estado luchando durante mucho tiempo contra la «quema de gas», una práctica vinculada a la industria petrolera que durante décadas ha estado trastocando el delicado y complejo ecosistema local y está socavando rápidamente el bienestar y la salud de la gente que habita esas extraordinarias tierras (World Rainforest Movement, 2019).

Se ha quemado el gas natural que se escapa de los pozos de petróleo como subproducto del petróleo a una temperatura promedio de 400° Celsius (750° Fahrenheit) las 24 horas del día, todo el año y en áreas residenciales sin protección para las familias expuestas, una práctica establecida en la Amazonia Ecuatoriana desde 1967, cuando Chevron-Texaco empezaron a perforar el primer petróleo con valor comercial (Earth.org, 2021).

Los altos niveles de contaminación del aire, el suelo y el agua están directamente relacionados con la alta tasa de incidencia de cáncer, malformaciones, abortos espontáneos y muertes entre la población que vive cerca de más de 447 torres petroleras que operan en esa vasta área (Amazon Frontlines, 2021). Pablo Fajardo, uno de los abogados que representa a las niñas y a la Unión de la Gente Afectada por Texaco (UDAPT), ha dicho que la UDAPT y la Clínica Ambiental pasaron dos años recopilando registros de casos de cáncer en Sucumbíos y Orellana. Documentaron 251 casos de este tipo, y las mujeres representan el 71% de ellos (Earth.org, 2021).

Una victoria histórica para la naturaleza y la comunidad ecuatoriana

“Estoy muy feliz porque, finalmente, se ha hecho justicia. Vamos a restaurar la naturaleza, para todos los niños enfermos, para la gente, para los padres que han luchado por mantenerse sanos, por las familias que también han seguido luchando, aunque sólo sea por sembrar algunas cosechas, por las familias que viven debajo las llamaradas y han tenido que abandonar su tierra.”
– Leonela Moncayo, 10 años

El 26 de enero de 2021, nueve niñas Ecuatorianas, Leonela Moncayo, Rosa Valladolid, Skarlett Naranjo, Jamileth Jurado, Denisse Nuñez, Dannya Bravo, Mishell Mora, Jeyner Tejena y Kerly Herrera, y sus respectivas comunidades de origen, ganaron el recurso de apelación interpuesto el 20 de Febrero de 2020 ante la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos, en el cual solicitaron al Estado de Ecuador – formalmente el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Hídricos- para asumir sus responsabilidades ambientales, prohibir la práctica criminal de «quema de gas» y cerrar todas las torres de petróleo existentes (Mongabay, 2021).

El caso legal sobre la quema de gas en Ecuador fue traído por las nueve niñas a través de una colaboración de varias organizaciones de la sociedad civil, incluyendo UDAPT y la Clínica Ambiental, entre otras, formando la Alianza Ecuatoriana por los Derechos Humanos, tales como Acción Ecológica y Amazon Frontlines, entre otras (Amazon Frontlines, 2021).

De acuerdo con la sentencia relevante, el Estado Ecuatoriano ha ignorado el derecho de los demandantes a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado y ha violado también su derecho a la salud debido a la incapacidad (o falta de voluntad) de las autoridades estatales para promover el uso de tecnologías «limpias» y / o fuentes de energía renovables y no contaminantes.

Además, el fallo también ha reconocido que Ecuador ha violado sistemáticamente sus obligaciones internacionales en materia de cambio climático, y sus compromisos nacionales de reducir las emisiones de CO₂ a la atmósfera. De hecho, estos disminuirían en un 24% si las 447 torres petroleras dejaran de operar. (UNDP, 2021). Alternativamente, el gas natural podría usarse para uso doméstico o para la generación de energía para alimentar las instalaciones petroleras locales.

Esto lo devolvería al proceso y evitaría su combustión. Estas soluciones serán adoptables cuando la industria petrolera recurra a nuevos estándares y procedimientos innovadores y sostenibles (UNFCCC, 2021). Para las comunidades locales y para todo el país, esta es una victoria histórica, que ha allanado el camino para una serie de procesos de reparación e indemnización por los daños causados a las víctimas involucradas.

El derecho a la salud debe prevalecer sobre la economía

La industria petrolera del país y, en particular, la prestigiosa petrolera estatal Petroamazonas, ahora debe dar cuenta de sus acciones y sus consecuencias dañinas en las provincias de Sucumbíos y Orellana. Después de exhortar al Estado Ecuatoriano a respetar y no deslegitimar la referida sentencia y aplicar de inmediato sus disposiciones para el bien común, evitando ceder a los intereses miopes de las empresas y la economía, Pablo Fajardo, ha enfatizado que “los intereses económicos no pueden prevalecer sobre la vida y la naturaleza” (The Ecologist, 2020).

“Estas niñas que hoy son peticionarias podrían mañana ser víctimas de cáncer.”
– Pablo Fajardo

En las mismas horas del fallo, otra noticia esperada por los movimientos ambientalistas en la Amazonia Ecuatoriana finalmente llegó. Tres bancos europeos, BNP Paribas, Credit Suisse e ING, anunciaron el lunes que en respuesta a las críticas ambientales dejarán de financiar el comercio de petróleo de la región amazónica de Ecuador (Aljazeera, 2021). Las dos principales ONGs que abogan por este cambio de política son Amazon Watch y Stand.earth.

Los últimos meses han visto un gran paso adelante en el reconocimiento de los derechos ambientales y han reafirmado cuán crucial es el trabajo de las ONG y los activistas ambientales infantiles en todo el mundo en la formulación de políticas. Su compromiso tendrá efectos importantes en la mejora de la vida de comunidades enteras de personas, que finalmente pueden esperar un futuro mejor en el que sus derechos puedan finalmente ser reconocidos.

Los esfuerzos de Humanium para asegurar un medio ambiente saludable

Como organización, Humanium ha reconocido la importancia de los derechos ambientales de los niños y está trabajando arduamente para crear un mundo en el que esos derechos se respeten y se cumplan. Humanium ha firmado una Declaración conjunta sobre la realización del derecho del niño a un medio ambiente sano junto con más de 80 organizaciones en todo el mundo.

La declaración conjunta llama la atención sobre la especial vulnerabilidad de la salud y el bienestar de los niños a los daños ambientales. Los signatarios pidieron a los Estados miembros de la ONU que tomen acciones concretas para reconocer formal y universalmente el derecho a un medio ambiente saludable lo antes posible y para garantizar que los niños puedan vivir una vida digna, saludable y satisfactoria.

Si usted quiere contribuir al cumplimiento de los derechos medioambientales de los niños alrededor del mundo, considere apoyar los esfuerzos en curso Humanium haciendo una donación, haciéndose miembro de Humanium o unirse a la comunidad de Humanium y convertirse en voluntario. ¡Juntos hagamos del mundo un lugar mejor, más seguro y más saludable para los niños!

Escrito por Federica Versea

Traducido por Gabriela Pacheco Mújica