Un resultado inquietante e incierto para el Brexit
El 23 de junio de 2016, el 51.9% de la población británica decidió que el Reino Unido debía dejar la Unión Europea. Durante los tres últimos años, los debates y discusiones eternos entre el parlamento europeo y el británico han causado una nube de incertidumbre, duda y preocupación sobre el proceso, dejando perplejos tanto a los ciudadanos de la UE como a los del Reino Unido, sobre qué pasará cuando Gran Bretaña haya abandonado definitivamente la Unión Europea. Al día de hoy, el gobierno británico, liderado por la Primera Ministra Theresa May, y el Consejo Europeo, con Daniel Tusk a la cabeza, aún no han llegado a un acuerdo sobre las condiciones de la salida. Sin este acuerdo, el Reino Unido se verá obligado a salir de la Unión Europea de una manera no pactada. Con la fecha oficial de la salida, el 29 de marzo de 2019, acercándose, el nivel de preocupación aumenta en ambas partes.
El plan de salida de la UE: un intento para tranquilizar a la población
En enero de 2019, el gobierno intentó aliviar esta incertidumbre arrojando luz sobre la preocupación de los ciudadanos europeos que residen en el Reino Unido. El plan para salir de la UE (“Settlement Scheme”) está diseñado para inscribir a cerca de 3,5 millones de ciudadanos europeos en Gran Bretaña. Para hacerlo, los ciudadanos de la UE pueden bien solicitar un permiso de residencia indefinido (“settled status”) si llevan viviendo en el Reino Unido un mínimo de cinco años, o un permiso de residencia temporal (“pre-settled status”) si no cumplen este requisito (Ministerio del Interior británico, 2019). Mediante este acuerdo, el gobierno británico esperaba tranquilizar a los ciudadanos de la UE que viven en el país, pero la idea acabó ocasionando rechazo y preocupación sobre el respeto al derecho de algunos ciudadanos europeos a la nacionalidad.
Los derechos de la infancia, en peligro por el plan
A pesar de los esfuerzos por mantener el procedimiento lo más simple, efectivo y accesible posible, hay voces que acusan al gobierno británico de omitir a grupos vulnerables en el proceso y de ignorar la complejidad de la vida de algunos de sus ciudadanos. De hecho, de los 900.000 niños europeos que viven en el Reino Unido, 5.000 de ellos viven separados de sus padres, algunos han crecido tutelados o en centros de acogida, otros quizás conocen a solo uno de sus progenitores y otros simplemente provienen de entornos desfavorecidos. Por lo tanto, estos niños podrían enfrentarse a numerosas dificultades cuando se intente inscribirlos, debido a una falta de filiación o a un cambio constante de instituciones (Coram Children’s Legal Centre, 2019). La organización Coram llevó a cabo un test y observó que una quinta parte de los niños no aportaron la documentación necesaria, y más de la mitad necesitaban asistencia legal. En el caso de que estos niños tengan toda la documentación y los medios necesarios, los que han crecido en tutelados o en centros de acogida se enfrentan a menudo con la eventualidad de que su solicitud sea denegada debido a condenas penales previas (Coram Children’s Legal Centre, 2019). En consecuencia, se calcula que unos 100.000 niños podrían quedar indocumentados después del 29 de marzo.
Se urge al gobierno a mejorar el plan para salir de la UE y adaptarlo a los grupos vulnerables, ya que si no lo hace, no solo privará a los niños de la ciudadanía, sino que también impactará de manera muy importante en su acceso a la salud, el empleo y la vivienda.
Los derechos de la infancia, en segundo término en las negociaciones para el Brexit
El derecho a la nacionalidad no es el único aspecto sobre el que existe incertidumbre y preocupación en lo que respecta a la relación entre el Brexit y los derechos de la infancia. Informes recientes subrayan el temor a una erosión judicial y a una represión de estos derechos en el Reino Unido post-Brexit, justificados por una cantidad de leyes europeas que no se transferirán a la legislación británica, como menciona el artículo 24 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea que fomenta la importancia y la prevalencia del interés superior del menor en todas las decisiones institucionales (Children’s Right Alliance for England, 2019). Además, numerosas instituciones han expresado su descontento con la presencia dominante de las discusiones sobe el Brexit en la Cámara de los Comunes (Parlamento), a costa de temas graves relacionados con los derechos de la infancia, que están creciendo de manera importante en el Reino Unido y que requieren de una atención inmediata, como es el caso del número creciente de niños sin hogar o que viven en la pobreza, pasando de 3,9 millones de niños que vivían en relativa pobreza en 2014-2015 a los 4,1 millones el año en que se votó a favor del Brexit, su índice más alto desde 2010 (End Child Poverty, 2017).
Por lo tanto, es evidente que el Brexit pasará factura en los derechos de la infancia, pero ahora está en las manos del gobierno británico tener en mente la defensa de los intereses de la infancia cuando decida el futuro del Reino Unido fuera de Europa.
En Humanium luchamos por defender los derechos de todos los niños y niñas del mundo, mediante la sensibilización, el trabajo directo sobre el terreno y para cambiar actitudes.
Escrito por Maureen Fauconnier
Traducido por Esperanza Escalona
Referencias:
Home office, “Settled and pre-settled status for EU citizens and their families”, [Online] 2019, https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families
Coram Children’s Legal Centre, “Uncertain futures: the EU settlement scheme and children and young people’s right to remain in the UK”, [Online] 2019, https://www.childrenslegalcentre.com/wp-content/uploads/2019/03/EUSS-briefing_Mar2019_FINAL.pdf
Children’s Right Alliance for England, “State of Children’s Rights in England, 2018, Executive summary”, [Online] 2018, http://www.crae.org.uk/media/127101/B1_CRAE_EXEC-SUM_2018_WEB.pdf
End Child Poverty, “ 4 million children now living in poverty in the UK”, [Online] 2017, https://www.endchildpoverty.org.uk/4-million-children-now-living-in-poverty-in-the-uk/
